Esperan que sus hijos sean atendidos y que no se les discrimine
Los 242 leoneses contra Educación para la Ciudadanía irán a la Justicia
El ejecutivo no aceptará las objeciones aunque «respeta» la decisión de los padres
Las 242 familias leonesas que han presentado sus objeciones a la asignatura Educación para la Ciudadanía tendrán que dejar en manos de la justicia su esperanza de que la materia se suprima o al menos se convierta en optativa, tal y como reclaman desde hace meses. Es la principal conclusión a la que llegó ayer la plataforma que aglutina las asociaciones de padres objetores de Castilla y León tras su reunión con el consejero de Educación, Juan José Mateos. María Luisa Pérez, de Soria Educa en Libertad, se confesó «decepcionada» por la postura del ejecutivo, que ha confirmado a través del Consejero que no evaluará a los alumnos cuyos padres objeten. «Por lo menos se ha acabado la ambigüedad», sentenció Pérez. Así, durante los próximos días la Consejería remitirá a los padres una carta en la que les comunicará la no admisión de sus objeciones. La decisión les deja «desamparados», según sus propias palabras, y se ven obligados a comenzar un proceso judicial en pleno mes de julio y con el parón vacacional de la justicia a la vuelta de la esquina, lo que no hará más que retrasar la solución del conflicto. Sin embargo, los padres declararon que estaban «dispuestos a llegar donde sea necesario». Otro de los reproches hechos al gobierno autonómico fue la falta de argumentos jurídicos que justifiquen su postura definitiva. Desde la Junta sólo se recuerda que el decreto que regula la asignatura en Castilla y León carece de la carga ideológica que mantienen otras comunidades, aunque según recordó María Luisa Pérez, en otros foros «no se duda en reconocer que se trata de un simple cambio en la redacción». Pero en este conflicto, los principales damnificados serán los alumnos que, ante la objeción de sus padres, deberán ausentarse del aula durante las clases. Para ellos, se garantiza una actividad paralela, aunque para sus padres es insuficiente. Quieren que no suspendan una materia que ni siquiera cursan, «algo para lo que la Junta tiene competencias suficientes», apuntó Pérez.