Diario de León

Sólo la fiscal de León ha iniciado diligencias por irregularidades para prevenir accidentes

La Fiscalía investiga seis presuntos homicidios por imprudencia laboral

El fiscal jefe del TSJ de Castilla y León pide aumentar las actuaciones en situaciones de riesgo

María Jesús Muñiz Prieto
León

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La Fiscalía de León especializada en siniestralidad laboral ha iniciado entre enero y junio seis procedimientos por presunto homicidio por imprudencia en el caso de seis de los fallecidos en accidente laboral en la primera mitad del año en la provincia. León es así la provincia con mayor número de investigaciones iniciadas en este sentido, según dio a conocer ayer el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, Manuel Martín-Granizo Santamaría, al término de la reunión de la Comisión Regional de Desarrollo y Seguimiento del Convenio de Colaboración entre la Fiscalía de la comunidad y las organizaciones sindicales en materia de siniestralidad laboral. En total en la comunidad se han iniciado 16 procedimientos de este tipo en el primer semestre del año: además de los seis de León tres en Valladolid y Salamanca, y uno en Ávila, Segovia, Soria y Zamora. En Burgos y Palencia no hay iniciado ningún procedimiento de este tipo. Martín Granizo, en un encuentro al que asistió también la fiscal jefe de León y coordinadora de los fiscales de siniestralidad laboral de la comunidad, Lourdes Rodríguez Rey, destacó que la reunión, en la que participaron también UGT y CC.OO., había hecho una revisión crítica sobre algunos de los aspectos de las actuaciones en los últimos meses. Recordó que el convenio pretende agilizar la actuación judicial en aquellos casos de accidente laboral en los que los sindicatos puedan personarse como acusación particular: «Los sindicatos confiaron en la fiscalía para que asumiera esa función». A pesar de los avances logrados en el poco más de un año de vigor de este convenio, el fiscal jefe del TSJ ha detectado «sobre todo dos asuntos preocupantes». Poca actuación en prevención En primer lugar, la «escasa persecución del delito de riesgo», es decir, la actuación en aquellos casos en los que se detecte el incumplimiento de la normativa en materia de seguridad y salud laboral, aunque no se haya producido el siniestro. Sólo la Fiscalía de León ha iniciado entre enero y junio una actuación en este sentido. En segundo lugar, Martín-Granizo anunció que en su próximo encuentro con la Dirección General de la Inspección de Trabajo reclamará también un incremento de las actuaciones de este órgano para detectar situaciones peligrosas antes de que se hayan producido las lesiones. «La actuación de la Oficina de Trabajo es previa a la vía judicial, deben informar a la fiscalía de las irregularidades para que ésta valore si existe un delito que pueda perseguirse por vía penal, o bien decidir que vuelva a la vía administrativa». El fiscal jefe del TSJ de Castilla y León alabó la «interesante labor realizada por la Fiscalía de León en este sentido». También se refirió a la necesidad de homogeneizar las discordancias actuales en cuanto al registro de imprudencias y valoración de lesiones, para tener una actuación y una valoración conjunta y unificada.

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