Somiedo no constituirá la comisión de deslinde pese a reclamarla Cabrillanes

La sentencia del Tribunal Supremo que devuelve a Cabrillanes parte del terreno usurpado por Asturias hace más de sesenta años aferra la convicción del municipio leonés de reclamar otras 674,564 hectáreas en poder de Somiedo desde 1946, cuando el Servicio Geográfico del Ejército invalidó el deslinde marcado en la Real Ejecutoria de 1788 y asignó al Principado un área soportada por un pequeño sector del Parque Natural somedano. A los despachos del Ayuntamiento de Somiedo ya ha llegado la notificación que marca el inicio de un nuevo procedimiento judicial para recuperar la superficie delimitada por los mojones del 1 al 4, que no se solicitó en el primer expediente, y la alcaldesa de Cabrillanes, Lina Freire, ya ha constituido su comisión de deslinde después de acudir al consistorio vecino para pedir que éste cree la suya. La solicitud no encontrará asiento en los despachos consistoriales del municipio colindante, ya que su alcalde, Belarmino Fernández, no formará ningún comité para acordar la demarcación territorial -aseguró-. Será entonces el Ministerio de Administraciones Públicas el encargado de dictar una orden ministerial que recoja la frontera válida. Si la delimitación no es la actual y la razón cae del lado leonés, Somiedo, según confirma su regidor, acudirá a la Audiencia Nacional y al Supremo. El cauce marcado por Belarmino Fernández discurre por el mismo camino del litigio anterior, iniciado en 1999 y cerrado, por fin, hace pocos días, aunque la primera sentencia de la Audiencia Nacional, que da fundamento a Cabrillanes, llegó en el 2005. En el limbo de la duda El primer edil somedano acata el fallo, sobre el que ya no cabe recurso, aunque está en «desacuerdo», «porque el procedimiento debe estar guiado por la Constitución y no por temas judiciales». Fernández advierte de que él también puede buscar documentación antigua y teme que la resolución del Supremo cree una inseguridad jurídica que «pone en el limbo los límites de todas las provincias de España». Lamenta además las consecuencias económicas del dictamen para los ganaderos asturianos, «que tendrán importantes pérdidas en ayudas agroambientales» y pone en duda que, tras perder las 128 hectáreas de una zona con importantes figuras de protección ambiental, las instituciones leonesas y de la comunidad defiendan los intereses del oso en esta vertiente, salpicada por la Cordillera Cantábrica, y pongan coto a las construcciones en la zona. De todas formas, el regidor pretende colaborar con los pueblos anejos al suyo para dinamizar la actividad turística en este área, aunque recuerda que en los trece años que lleva como alcalde no ha tenido ninguna reunión con sus homólogos.