Hacienda tramita la deuda de varios municipios desde que ejerce su tutela financiera
La Consejería de Hacienda de la Junta de Castilla y León, que dirige Pilar del Olmo, tramitó los expedientes de endeudamiento de una decena de municipios de la región desde el pasado 1 de diciembre, fecha en que comenzó a ejercer la nueva competencia de tutela financiera de las entidades locales. Esto supone que cuando las diputaciones, ayuntamientos y entes menores de la comunidad incurren en déficit presupuestario necesitan la aprobación del Gobierno autonómico para contratar créditos, que siempre deben ir dirigidos a sufragar inversiones. La Ley de Estabilidad Presupuestaria obliga a que las entidades locales aprueben, ejecuten y liquiden sus presupuestos en equilibrio o con superávit. Hasta el 1 de diciembre de 2007 el responsable de vigilar que cumplían la normativa era el Ministerio de Economía y Hacienda. Hacienda asume la tutela Con la entrada en vigor del nuevo Estatuto de Autonomía de Castilla y León, la Consejería de Hacienda asumió la competencia de tutela financiera de los entes locales, que se ejerce a través de la Dirección General de Financiación Autonómica en coordinación con la Tesorería General. Sus funciones consisten en autorizar las operaciones de endeudamiento de diputaciones, ayuntamientos y entes menores, evaluar que cumplen el objetivo de estabilidad presupuestaria y, si no es así, proceder a la aprobación y seguimiento de los planes económicos-financieros que están obligados a elaborar para corregir el déficit. La primera autorización de endeudamiento fue concedida el pasado 4 de marzo a Quintana de Valdivielso (Burgos), una pequeña localidad de alrededor de 50 habitantes que accedió a un préstamo de 160.000 euros suscrito con la Caja de Cooperación de la Diputación burgalesa para pavimentar varias calles, renovar las redes de abastecimiento y mejorar el saneamiento. Desde entonces se han tramitado hasta una decena de operaciones de endeudamiento que han permitido financiar obras y servicios a otras tantas entidades locales. El descenso de la recaudación por los impuestos ligados a la vivienda está provocando que ayuntamientos y diputaciones recurran en mayor medida al endeudamiento.