UGT reclama el apoyo sindical para defender a los funcionarios públicos
La Federación de Servicios Públicos de la Unión General de Trabajadores (UGT) va a proponer al resto de los sindicatos la elaboración de un escrito conjunto para defender a los empleados públicos de la administración autonómica por la trama de las licencias solares y para expresar su «malestar» por la posición de la Junta de «desviar» la responsabilidad a «funcionarios de una manera indefinida». El sindicato pretende prestar un mayor respaldo a todos los empleados públicos afectados por las irregularidades de la concesión de licencias. El sindicato, mayoritario en el ámbito de la función pública de la Junta, adopta esta iniciativa tras haber recibido quejas de empleados públicos de la totalidad de las provincias, en especial de León, Valladolid, Zamora y Palencia, por «el trato mediático y falta de respeto» recibido, según explicó el secretario regional de FSP-UGT, Antonio Bodegón. En sus quejas, los empleados públicos, muchos anónimos y sin afiliación al sindicato, han trasmitido su «malestar e indignación» por que «se deje caer» la responsabilidad en el colectivo cuando «su fama no es muy alta» entre los ciudadanos, precisó el dirigente, quien pidió «valentía» a la Junta para reconocer que «algunos funcionarios» han incurrido en una responsabilidad. Bodelón adelantó que pedirán al resto de los sindicatos que en el escrito se reclamen responsabilidades políticas y subrayó que los altos funcionarios implicados en las licencias de las plantas solares ocupan sus puestos por libre designación de los consejeros, excepto el caso de Francisco Jambrina, jefe del Servicio Territorial de Industria de Palencia, que accedió por concurso. Asumir responsabilidades «No se puede hablar de que no hay ninguna responsabilidad política cuando esos funcionarios ocupan sus puestos por libre designación y son cargos de confianza, es una verdad a medias», explicó Bodelón, quien censuró en particular las declaraciones en tal sentido de la vicepresidenta primera y consejera de Medio Ambiente, María Jesús Ruiz. «No se puede descargar la responsabilidad sobre los funcionarios», aseveró. Aunque «todo apunta» al incumplimiento de la Ley de Incompatibilidades por parte de los implicados, el dirigente sindical apeló a la prudencia hasta que la Inspección General de Servicios termine la investigación que ha abierto sobre doce funcionarios, seis de alto nivel, cesados de sus puestos, y otros seis de base. La queja se llevará también a la Mesa General de la Función Pública y en el Consejo de la Función Pública, concluyó.