La Fiscalía denuncia a 28 padres por el absentismo escolar de sus hijos

La Fiscalía de Menores ha formulado denuncia contra 28 padres leoneses por «fomentar» y «conocer» el absentismo escolar de sus hijos, en edad de escolarización obligatoria, tras presentar la Dirección Provincial de Educación ante el Ministerio Público un informe donde se detallan estos hechos. La colaboración entre ambos organismos es «muy novedosa» en la provincia, según explica el fiscal Avelino Fierro, quien recuerda que a principios de año mantuvo una reunión con los responsables del área en la Junta y en el Ayuntamiento, de la cual se desprende ahora la incoación de las diligencias informativas o de investigación y la presentación de las respectivas acusaciones. La jurisprudencia para estos casos es «abundante» y «uniforme» al conferir carácter delictivo a esa conducta de los progenitores, que se enfrentan a penas de prisión de tres a seis meses o multa de seis a doce meses, si no hay sobreseimiento, por «dejar de cumplir los deberes legales de asistencia inherentes a la patria potestad». La intervención de la Fiscalía de Menores aparece tras una evaluación frustrada del equipo psicopedagógico de los centros y sólo en aquellos casos calificados como «graves o severos» donde existe un fracaso escolar motivado por circunstancias indicadoras de situaciones en las que se requiere la actuación del organismo público, que ante la declaración de estas causas «difícilmente» media de oficio, «pues la inspección de los colegios corresponde a profesionales específicos». Antes, en los colegios Entre los criterios de derivación, según manifiesta Avelino Fierro, aparece como «fundamental» que se hayan agotado todas las vías conocidas y que exista posibilidad de obtener alguna mejora con una medida de este tipo. Este condicionante conlleva un retraso en los trámites procesales y puede transcurrir hasta un año desde que se detectan estas situaciones hasta que la evaluación del centro o de los servicios sociales de la zona llega a la Fiscalía. Cuando se hace cargo el Ministerio e inicia los primeros recursos del procedimiento, el fiscal llama a declarar a los padres en calidad de imputados y les exige que aporten un certificado de penales, que puede acarrear graves consecuencias si estos tuvieran antecedentes, ya que, aún condenándolos a la pena mínima, podrían, incluso, terminar en la cárcel. Además, el presidente de la Comisión de Absentismo Escolar Municipal, el director del centro y el tutor del estudiante también son testigos para la instrucción que, al terminar, va a parar a los Juzgados Decanos de León o Ponferrada desde donde se deriva a los tribunales correspondientes. Según reveló Avelino Fierro, la Fiscalía «suele pedir» en estos casos el castigo mínimo, que aún no ha sido interpuesto a nadie en León, debido a que la sinergia es relativamente nueva, pero sí en otras provincias, «como puede ser Zaragoza, donde existen cinco o seis sentencias condenatorias que nos dan la razón», significó el responsable de Menores, quien califica los hechos como «graves» al afectar a jóvenes «sin capacidad de autodeterminación».