El fiscal deniega el permiso para analizar ropa y plásticos del crimen de Navatejera

El Ministerio Fiscal ha rechazado por dos veces sendas solicitudes de los abogados de la familia de Rocío Fernández Ameijeiras para que se les permita realizar nuevas investigaciones en la ropa, los plásticos y las cintas que envolvían al cadáver de la joven, que apareció muerta de forma presumiblemente violenta en junio del 2005, junto a un vertedero de Navatejera. Sostiene el Ministerio Público que es necesario garantizar la cadena de custodia, el mecanismo por el que el juzgado certifica que no se producen alteraciones en los restos orgánicos o inorgánicos que aparecieron junto al cadáver y que están en poder del juzgado que instruye el caso. Así, cualquier manipulación de los mismos no daría lugar a conclusiones erróneas y se tendría la certeza absoluta de que las pruebas que se pudieran obtener gozarían de validez y se despeja cualquier mínimo vestigio de duda. Rocío apareció muerta el pasado 7 de junio del 2005, después de que sus padres hubiesen denunciado su desaparición el 13 de mayo del mismo año. La joven contaba 24 años de edad en el momento de los hechos y estaba embarazada. Un joven con el que se la vinculó por una supuesta relación sentimental y otro muchacho de Villablino permanecen imputados por su posible vinculación con el caso. El primero de ellos fue detenido y tras prestar declaración, se le puso en libertad. El lacianiego está relacionado con el asunto al entender el juzgado que su coche resultó incendiado en circunstancias no aclaradas poco después de la fecha aproximada en la que se cree que se cometió el crimen. El bufete de abogados que defiende los intereses de la familia ha solicitado por tres veces un examen de las llamadas «piezas de convicción». Se denominan así en este caso los vestigios de la ropa que vestía la joven, unos plásticos con los que se había envuelto el cadáver y unas cintas utilizadas para maniatarla. Las dos primeras solicitudes han sido rechazadas por el fiscal, que se opone por entender que los letrados no especifican cuál es el objeto de su propuesta, según confirmaron a este periódico fuentes judiciales. En caso de aceptar la tercera solicitud, sería necesario citar también a los peritos de los dos imputados, además de a los técnicos del Instituto de Medicina Legal de León y a un secretario judicial, para respetar la legalidad.