Cada pueblo gastará 1.200 euros al año en garantizar la calidad del agua

La alarma suscitada durante el último año por los casos de arsénico -detectados en más de una docena de pueblos de la provincia- ha obligado a la Diputación a tomar cartas en el asunto desde hace meses para conseguir que el área rural garantice la calidad del agua de consumo humano. Así, cuenta con un plan para que los ayuntamientos menores de 20.000 habitantes cedan al Palacio de los Guzmanes la encomienda de la realización de este control, de modo que la institución provincial centralice los análisis a través de laboratorios para conseguir precios más económicos. Hasta el momento, un total de 88 municipios se han sumado a esta iniciativa, es decir, el 42% de los 208 con población inferior a los 20.000 habitantes. Estos ayuntamientos engloban también en el plan a 666 pueblos, el 55% de los de la provincia. Muchos de este núcleos no realizaban controles demasiados rigurosos sobre su agua, que ahora será «exhaustivo» de acuerdo a la normativa marcada por la directiva europea, incluso, había casos de ausencia total de control. Garantizar la calidad del agua destinada para el consumo humano supondrá para cada uno de estos núcleos al año un coste medio de 400 euros. Este control básico incluye una muestra al año a la salida de la estación de tratamiento de agua potable o depósito de cabecera y otra en la red de distribución, a razón de 80 euros cada una. Además, es recomendable que cada pueblo realice al menos cuatro controles anuales directamente desde el grifo del consumidor, que suponen cada uno otros 60 euros. Estos tres conceptos mencionandos que han de analizarse suman un total por ejercicio de 400 euros, teniendo en cuenta recomendaciones para núcleos urbanos con una población inferior a los 500 habitantes, caso en el que se hayan prácticamente todos los pueblos adheridos al plan, que cuentan de media con un censo comprendido entre los 100 y los 500 vecinos. También es recomendable que al menos ahora en este proceso inicial de control, que comenzará el año que viene, los pueblos opten por la modalidad denominada análisis completo e informe que supone 800 euros a mayores, aunque este tipo de comprobación no es necesaria realizarla cada año. En el caso de los núcleos entre 500 y 5.000 habitantes, los gastos serán otros ya que los análisis obligatorios aumenta de manera que ascendería a un mínimo de 1.500 euros.