Los acreedores no cobrarán 612.000 euros de la deuda porque ha prescrito

san andrés

Con el voto a favor de los once concejales del PSOE -”el de Deportes no estaba ayer en el Pleno por motivos personales-” bastó para aprobar la prescripción de obligaciones reconocidas o liquidadas y su consiguiente pago, lo que dejará en las arcas públicas 612.000 euros relativos a la deuda contraída por el Ayuntamiento con diferentes acreedores -”empresas, asociaciones o instituciones-”, pero que, según los informes técnicos, no ha sido justificada en el plazo marcado por la normativa y, por tanto, no serán abonadas. Otros 131.000 euros si los pagará el consistorio a sus deudores.

Esta fue la explicación que ayer dio el concejal de Economía y Hacienda Ramón Sánchez para justificar la extinción de este derecho por causas de tiempo. «Hemos admitido aquellas reclamaciones que están argumentadas», explicó el edil responsable del área, quien instó al resto de la corporación a que «tome las medidas judiciales oportunas» si no está de acuerdo con la resolución del Pleno, «porque acataremos lo que digan los jueces».

La propuesta aceró los ánimos del resto de grupos políticos; la portavoz del Partido Popular, Isabel Fernández, acusó a los socialistas de «inmorales». «Me consta que la mayoría de asociaciones han hecho una reclamación de forma verbal», argumentó Fernández, quien aseguró que, aunque lo que hace el Ayuntamiento es legal, «hay que ser legales con todos».

Por su parte, Luis Herrero Rubinat, de la UPL, a pesar de que ha sido suspendido de militancia por un periodo de tres años, también calificó de «injusta» la medida y culpó a la institución municipal de dejar pasar el plazo «para llegar a la prescripción». Además recordó que las empresas «no han tenido capacidad de demostrar si han reclamado el pago de las cantidades adeudadas».

Por su parte, el concejal leonesista Manuel Arias tiró de las cartas enviadas al consistorio por dos de sus deudores y recogió alguna de las críticas que estos hacen al equipo de gobierno. «Sólo piden cobrar la factura por los trabajos hechos», repitió, hasta que la alcaldesa María Eugenia Gancedo tuvo que llamarlo al orden «porque aquí se están debatiendo los puntos 3,4 y 5» y le exigió que apagase la grabadora con la que estaba recogiendo todo lo sucedido en la sesión plenaria. «Haga lo que quiera, yo tomaré las medidas oportunas», lo advirtió tras la negativa de Arias.

«Más de treinta llamadas»

Finalmente, Francisco Gómez, concejal del PAL-UL, quien coincidió con Isabel Fernández en tildar de «inmoral» la resolución plenaria, afirmó que los empresarios actuaron de buena fe cuando reclamaron al consistorio lo que se les debía y reprochó al PSOE que «jueguen al juego de la prescripción cuando han reconocido una deuda», apuntó.

Aseguró además que está demostrado como numerosos acreedores llamaron al consistorio «más de treinta veces» para pedir su dinero y solicitó a la corporación que este apartado del orden del día quedara sobre la mesa para pagar a todos los acreedores.

Al final, once votos a favor y nueve en contra, suficientes para dar luz verde a la exención del pago.