El juez anula el sistema usado para elegir al personal de las guarderías

villaquilambre

Los jueces del Contencioso número 1 y 2 de León han anulado el sistema de selección del personal de las guarderías municipales de Villaquilambre por considerar que «cuestiona seriamente los principios de mérito y capacidad» de los aspirantes. En la convocatoria se valoraba con 30 puntos una entrevista y con 25, la experiencia profesional y la formación complementaria, lo que, a juicio de los magistrados, «deja completamente en manos de la comisión de calificación y del órgano de selección el resultado del proceso».

Para argumentar la anulación, los jueces recuerdan que el TSJ de Castilla y León sentenció el 27 de abril del 2007 que un sistema de entrevista como el utilizado en Villaquilambre «otorga una omnímoda potestad al tribunal para la concreción de los méritos sin límite alguno». Y, como además, no se indicaba en las bases cuál era el objeto concreto de la entrevista «tampoco se establecía la forma en que habría de ser puntuada, convirtiéndose en determinante del resultado».

Así, continúan los jueces, «se dejaba al órgano de selección una forma de actuar libérrima (muy libre), lo que, no se compadece con los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad que han de regir todos los procesos selectivos». Civiqus, que fue el partido que impugnó las bases de la convocatoria, asegura que los jueces les han dado la razón respecto a la «arbitrariedad del proceso de elección del personal de las guarderías», dicen. Su portavoz, Miguel Hidalgo, asegura que «el equipo de Gobierno usó las entrevistas para poner puntos por encima de los méritos y capacidades, lo que les permitió colocar a parientes y amigos del alcalde y de los tres partidos que forman el tripartito».

Colocaciones a medida

De hecho, insiste en que se han encontrado «con situaciones tan curiosas como la de candidatos con veinte puntos de méritos que sólo han obtenido un 0,5 en la entrevista y con otros con experiencia y méritos de 0,5 que lograron treinta puntos, el máximo, en la entrevista».

Por eso califican «de intolerable en nuestros días estas cacicadas con las que despidieron a doce trabajadoras y colocaron a 17, entre ellas, a dos personas muy cercanas al alcalde, Lázaro García Bayón, y otras repartidas entre familiares y amigos del PSOE, el PP y la UPL», indicó Hidalgo.

Civiqus va a exigir la inmediata ejecución de las sentencias y pedirá también responsabilidades políticas. La anulación de la convocatoria, si es ratificada por el Tribunal Superior de Justicia, puede implicar la reincorporación de trabajadoras despedidas y la salida de nuevas contratadas.