El asesor del grupo mixto exige que en la gestión haya preeminencia del derecho consuetudinario
Los procuradores leonesistas ven la ley de montes como «expropiación encubierta»
Otero exigirá la retirada de la norma y que se atiendan las peticiones de las juntas vecinales
Los pueblos leoneses ya salieron a la calle a protestar por la ley de montes hace tres años
dl | redacción
El Grupo Mixto en las Cortes de Castilla y León defenderá una treintena de enmiendas al nuevo proyecto de la Ley de Montes, a la que han comparado con una «expropiación encubierta» en virtud de la cual el Gobierno autonómico logrará una posición de «preeminencia» sobre las juntas vecinales.
Así lo ha manifestado en rueda de prensa Luis Herrero Rubinat, asesor del Grupo Mixto, concejal en el Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo y expulsado el pasado verano de la UPL junto a los procuradores autonómicos Joaquín Otero y Héctor Castresana.
Rubinat ha explicado su oposición a la mayor parte del contenido de esta nueva Ley, que, según su versión, «es prácticamente un calco de la que la Junta y el Partido Popular quisieron aprobar hace ya dos años», lo cual generó una importante contestación entre las pedanías leonesas. Ha hecho especial hincapié en el carácter «intervencionista» de la ley, al tiempo que ha reprochado que, en la fase de su redacción, el grado de participación y consenso entre los colectivos que resultarán afectados por esta nueva legislación haya sido «cero patatero», según palabras de Herrero Rubinat.
Contra los pueblos
Entre las principales críticas de los parlamentarios leonesistas, figura el papel preponderante que la Ley otorga a la Junta en detrimento de las juntas vecinales en aspectos como el aprovechamiento y la gestión de los montes públicos.
Rubinat ha señalado que León será una de las provincias más afectadas por esta Ley, ya que, según sus datos, el sesenta por ciento de los montes de la provincia son propiedad de juntas vecinales.
600.000 hectáreas
En este sentido, ha precisado que, en la provincia leonesa, existen más de 600.000 hectáreas de monte con titularidad pública, cuya propiedad se reparte entre más de setecientas juntas vecinales, más de la mitad de las existentes en León.
Más oposición
Los ayuntamietnos leoneses van uniendo fuerzas contra la ley de montes. El último en sumarse fue el de Gradefes, que aprobó en pleno una moción para exigir la retirada de una norma que consideran perjudicial para algunos de sus pueblos.