El Protocolo pactado contempla que la consulta «es oportuna» por la trascendencia de la decisión
La Ley de Cajas no obliga a que las asambleas aprueben la integración
Los consejeros se reunirán en seis semanas desde la aceptación por el Consejo
Un momento de la asamblea general ordinaria celebrada en Caja España el pasado sábado
león
Las asambleas generales de las seis cajas de ahorro de Castilla y León se reunirán en el plazo de seis semanas desde la aprobación del Protocolo de Integración Contractual del Grupo Cajas Castilla y León por parte de los consejos de administración, para que «ratifiquen o refrenden» el contrato de grupo. Un acuerdo que se someterá a este órgano de gobierno pese a que el documento inicial de integración pactado por los directores generales deja «constancia de que aún cuando el artículo 62 de la Ley de Cajas de Ahorro de Castilla y León no exige la intervención de la asamblea en la conclusión de esta clase de acuerdos o alianzas, ésta es legalmente posible en virtud de la cláusula de cierre contenida en la letra m del apartado 1 del artículo 51 de dicha ley».
Los gestores de las entidades han considerado que esta consulta «resulta oportuna dada la trascendencia de la decisión a adoptar»; y recuerdan que «buena prueba» de esta importancia es que otras leyes autonómicas sobre las cajas de ahorros, como la andaluza o la extremeña, condicionan a la aprobación de las asambleas generales «la viabilidad de tales acuerdos».
En la línea de las declaraciones
Un acuerdo sobre la consulta a las asambleas que va en la línea de las declaraciones políticas realizadas desde que PP y PSOE de Castilla y León presentaron su acuerdo sobre el modelo de integración de las entidades. Tanto los dirigentes políticos como los responsables de las cajas no se han cansado de repetir en las últimas semanas que la decisión última sobre la integración del negocio de las cajas está en manos de los consejeros generales que componen las asambleas; y que el proceso no se llevará a cabo si éstas lo rechazan. Eso sí, con constantes llamamientos a la «responsabilidad» para llevar a buen término un proyecto que «cuenta con el consenso de las fuerzas políticas, las administraciones, y los agentes sociales y económicos».
En el calendario estimado de tramitación del proyecto que contempla el documento firmado hace unos días por los directores generales de las seis entidades de Castilla y León se establece que se proceda «con la mayor celeridad» a preparar el documento definitivo del contrato del grupo, «al objeto de que pueda estar listo en el plazo de doce semanas contadas a partir de la fecha de suscripción del presente protocolo». El documento definitivo será entonces sometido al consejo de administración de cada caja en el plazo de tres semanas.
Y serán los consejos de administración quienes lo aprueben «sujeto a la condición suspensiva de su ratificación por la asamblea general»; y de su autorización por la Comisión Nacional de Competencia y demás entidades de supervisión.
Una vez aprobado el contrato de grupo por las asambleas, en caso de que así ocurra, las cajas «comenzarán su ejecución en el más breve plazo posible».
El documento pactado por los directores generales y los expertos será tratado el próximo día 22 por la Federación Regional de Cajas, que dará su opinión «oficial» sobre el proceso.