La Omic del Ayuntamiento de León gestionó un 10,2% más de expedientes que en el 2007
Las reclamaciones por telefonía móvil casi se duplicaron en León en el 2008
Las quejas en temas de electricidad subieron un 389% y de gas un 481% el pasado año
león
La lectura de las reclamaciones presentadas en la Oficina Municipal de Información al Consumidor (Omic) de León en el 2008 resume un año problemático. Doce meses en los que los principales picos se han registrado en las quejas por conflictos relaciones con la telefonía móvil -”como permanencias en una compañía, portabilidades o penalizaciones al darse de baja en un contrato-” que han sumado 553 expedientes, con un crecimiento del 93,5% con respecto al 2007. Menos, aunque también significativo, fue la variación de 191 a 210 expedientes por telefonía fija. Datos que avalan la apuesta del servicio por contar con personal formado para solucionar estos requerimientos, como demuestra la puesta a disposición de los ciudadanos de un asesor jurídico dedicado en exclusiva al tema de las telecomunicaciones.
En el capítulo de la estadística de reclamaciones resalta también el aumento exponencial que han sufrido protestas ciudadanas por contratos del servicio de gas, que suman un total de 186, lo que supone una subida del 389%, y por electricidad, donde los 101 expedientes contabilizados hacen que se eleve un 461% la cuenta, motivado sobre todo por las quejas surgidas al eliminarse la tarifa nocturna o el aumento de la tensión de la red, que en el mes de octubre estropeó un gran número de electrodomésticos en la capital leonesa.
Los sectores destacados en se incluyen en un informe del 2008 en el que se observa el crecimiento de la Omic, que aumentó un 10,2%, con 2.925 expedientes tramitados. De este global, un 81% fueron reclamaciones (2.378), un 17% consultas (494) y un 2% denuncias (53).
No se queda en una mera labor informativa o de asesoramiento el papel del consistorio, que es el único de la provincia que tiene competencia en materia de sanción e inspección. Una potestad que utilizó para multar a un total de 17 establecimientos: tintorerías, talleres de reparación de automóviles, concesionarios de venta de vehículos usados o compañías de aprovisionamiento de gas.