Purroy considera «débil e inconsistente» la «excusa de la situación económica» del consistorio
Casi 2.000 personas exigen que no se privatice el 49% del servicio de Aguas
Los manifestantes reivindican la necesidad de que la gestión del recurso sea pública
Un figurado Ordoño II decretó ante el consistorio que «el agua siga siendo pública»
león
En plena calle, con el mercurio del termómetro desaparecido, cerca de 2.000 personas fijaron ayer «la línea que no se va a pasar». Un límite imaginario ante el que se plantaron para exigir al equipo de gobierno PSOE-UPL del Ayuntamiento de la capital leonesa que no ejecute la decisión de privatizar el 49% del servicio municipalizado de Aguas. Porque «el agua es de todos, es vida, no mercancía», como se leía en las pancartas, mientras el activista Ramiro Pinto recordaba que «somos ciudadanos, no clientes».
El pensamiento del agua como «bien público» recorrió las calles desde Guzmán hasta la plaza de San Marcelo, donde el primer comunicado llevó la firma, que no la voz, de Federico Mayor Zaragoza, ex director general de la Unesco, quien recalcó que todos los foros internacionales han suscrito «la conveniencia de no encomendar la gestión del agua al mercado, sino a las administraciones».
Más allá fue el portavoz de la plataforma contra la privatización del agua, Francisco Purroy, quien criticó a los rectores municipales por «despreciar la voluntad popular e ignorar a su ciudadanía», con la «excusa débil e inconsistente» de que «la situación económica del Ayuntamiento es muy grave y es necesario hacer caja para cuadrar las cuentas». «Cualquier cambio en la administración de un bien común y un derecho humano básico, como es el agua, tiene que obedecer a la mejora real del servicio, no a la obtención de financiación con la que enjugar, momentáneamente, el déficit municipal», expuso el catedrático de Zoología de la Universidad, quien concedió que «el abastecimiento de agua pública es una conquista social conseguida con el esfuerzo común de varias generaciones».
Purroy cuestionó «el dogma de la presunta superioridad de la empresa privada sobre la pública, desde el punto de vista de la eficiencia, de la eficacia y del control», y analizó que «si se privatiza el agua subirá el precio»; el consistorio «dejará de percibir los ingresos»; «desaparecerán las consideraciones sociales y medio ambientales, como las bonificaciones a personas con escasos recursos, la equidad en el abastecimiento a barrios desfavorecidos, las tarifas que primen el ahorro o la protección de acuíferos y ecosistemas»; y «se reducirá la plantilla».