Las cajas se decantan por el sistema de protección, pero rechazan la integración

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El modelo de colaboración propuesto por las cajas de ahorro de la comunidad, que supone rechazar la propuesta firmada la semana pasada en Valladolid por los partidos políticos y algunos agentes sociales, se basa en el conocido como Sistema de Protección Institucional (SIP), pero deja de lado la creación de una sociedad que integre las cuentas de las entidades y centralice sus decisiones. Es decir, colaboración pero sin integración. Es la decisión que tomaron el viernes los presidentes y directores generales de Caja España, Caja Duero, Caja Burgos, Caja Ávila y Caja Segovia; y a la que no asistió Caja Círculo. Y la que plantearán mañana lunes en la reunión de la Federación Regional de Cajas.

Se trata, por otro lado, del modelo que el Banco de España está tratando de impulsar en la colaboración entre otras cajas de ahorro, y que pasa por un proceso en el que no se contempla la fusión.

Apoyo a las carencias

El sistema permite que las cajas se ayuden y apoyen las carencias de cada una de ellas, pero manteniendo su independencia. A diferencia del modelo impulsado desde el PP y el PSOE autonómicos, esta propuesta no tiene un órgano de gobierno común.

Según el documento pactado por los directores generales de las entidades en diciembre, que durante las últimas semanas ha sido retocado y que se firmó la semana pasada con algunos anexos, la integración financiera de las cajas de la comunidad es de «amplio alcance», basada en el SIP, pero «añadiendo un sistema de tesorería global y un sistema de mutualización de resultados, con el fin de reforzar la profundidad de la integración».

Es decir, las entidades asumen «la obligación de procurar solvencia y liquidez a las cajas que lo necesiten en los términos y de acuerdo con los procedimientos razonables»; y el «instrumento básico será el establecimiento de un esquema de apoyo basado en garantías solidarias cruzadas».

El sistema contempla actuaciones entre las cajas como los préstamos subordinados, las compras de activos que liberen riesgos o generen resultados, las cuotas participativas, las garantías recíprocas solidarias o la financiación intragrupo preferente. También contempla que se utilicen vehículos comunes de acceso a los mercados.

La diferencia fundamental con la propuesta sobre la que se ha trabajado hasta ahora es que la que defienden las cajas no supone la creación de una sociedad contractural, ni integra las decisiones ni las cuentas de las entidades. Y, por tanto, permite fortalecer la solvencia y la liquiedez de las cajas (condición indispensable para el Banco de España) sin el coste que supondría la creación de una única sociedad y la integración de los servicios. Sólo en puestos de trabajo, según calculan los sindicatos, 2.000 empleos en las seis cajas.