La consejería ha trazado un plan, que culmina en el 2010, para lograr la plena integración
León escolariza a más de 2.100 alumnos con necesidades educativas especiales
La Junta no facilita datos sobre la concertada, que matricula al 37 por ciento de Acnees
La integración escolar es un derecho que asiste a todos los niños con necesidades educativas especia
león
Los centros públicos de León tienen matriculados a 2.109 alumnos con necesidades educativas especiales, de los que 1.325 estudian primaria y 640 secundaria, mientras que 144 asisten a clase en colegios específicos para este tipo de alteraciones. La mayoría de ellos -”959-” son de compensatoria, es decir, presentan un desfase curricular de, al menos, dos cursos académicos y necesitan de un profesor ordinario que ocupa puestos dirigidos a la atención de estos jóvenes. Otros 107 estudiantes aparecen en este listado porque tienen dificultades asociadas al habla, por lo que son atendidos por docentes de AL -”Audición y Lenguaje-”. El resto, 699, -”sin contar a los 144 de los centros públicos de educación especial-” están asociados a discapacidades, trastornos graves de conducta y de personalidad o a otro tipo de carencias motivadas por alguna enfermedad, según los datos que la Junta ha remitido a las organizaciones sindicales.
Entre ellos aparecen también ciertas diferencias asentadas en el plano sensorial, físico o intelectual, pero todos hilvanan un frente común: ahondar en el principio de normalidad que debe garantizar la administración a través de la adaptación curricular.
El ejecutivo autonómico presta este apoyo con profesores de Pedagogía Terapeútica, Audición y Lenguaje y Ayudantes Técnicos Educativos de Fisioterapia y Personal de Enfermería. Además, la Consejería de Educación ha elaborado un plan de atención para este tipo de alumnado, proyecto que culminará en el 2010 después de cuatro años de recorrido. La Junta define en este documento a la plena integración de las personas con discapacidad como «uno de los retos fundamentales» y considera que ese objetivo se concreta en «el logro de una respuesta educativa adaptada a las características propias» de cada alumno para contribuir al «desarrollo de su capacidad de autodeterminación y calidad de vida».
Una declaración de intenciones que está recogida con anterioridad en varios principios internacionales, expresados en distinta normativa, como las Reglas Estándar de las Naciones Unidas sobre igualdad de oportunidades (1993), la Declaración de Salamanca (1994), la Carta de Luxemburgo (1996), el Tratado de Amsterdam (1997), la Resolución del Parlamento Europeo relativa a la igualdad de oportunidades para personas con discapacidad (2001) o la Constitución Española (1978), entre otras muchas, también a nivel autonómico.
La pretensión
La propuesta impulsada en la legislatura en la que Francisco Javier Álvarez Guisasola era consejero del área, hoy responsable de Sanidad, «contribuye a la atención integral de la persona con necesidades educativas especiales como una unidad, con objeto de proporcionarle en las distintas etapas las respuestas adecuadas para su desarrollo pleno y su adecuada integración social», según recoge el capítulo de objetivos generales.
También marca como obligación la de «impartir un currículo adaptado al nivel y características» de este colectivo, algo que se debe hacer con la «elaboración y aplicación de planes de actuación individualizados, la escolarización de forma integrada en centros ordinarios, el mantenimiento de la Educación Básica Obligatoria como vía educativa específica de educación especial, la actualización de programas de transición a la vida adulta, la oferta ajustada de programas de garantía social y la potenciación de formas variadas de atención educativa».
La evaluación final de este plan llegará al finalizar el próximo curso a través de un procedimiento base de indicadores, organizados en fichas de seguimiento, donde se especifique el grado de cumplimiento de las medidas planteadas.