El 10% de los jueces de León secunda el paro para evidenciar las carencias de la Justicia
Los magistrados dieron lectura a la tabla de reivindicaciones que ya han presentado a los poderes públicos «para mejorar el servicio que se ofrece a la población»
El 90 por ciento de los jueces y magistrados de la provincia de León realizó hoy un para de protesta para dar a conocer a la opinión pública «las carencias que tiene la Administración de Justicia en España» y cinco –dos del partido judicial de León, dos de Ponferrada y uno de La Bañeza- decidieron secundar la jornada de huelga.
Ninguna causa o juicio se vio afectado por este paro simbólico. «En el caso de León la unión es prácticamente total, sólo llevamos a cabo un acto reivindicativo de una duración de cuarto de hora, no una huelga, y por lo tanto no ha afectado para nada al servicio, que e ha desarrollado con total normalidad», apuntaron fuentes judiciales. Además, aclararon que se trataba de un acto de protesta, «no una huelga encubierta» y con el objetivo de que la sociedad pública «tome conciencia de las carencias de la Administración de Justicia en España».
En este acto de protesta, según acordaron en la reunión mantenida en la Audiencia Provincial de León el pasado 21 de enero, se dio lectura a la tabla de reivindicaciones que los jueces y magistrados han presentado ante los poderes públicos. En ella se concretan las medidas tendentes «a mejorar el servicio que la administración de Justicia debe proporcionar a los ciudadanos», dijeron.
Las reivindicaciones que los magistrados de León consideran como prioritarias son ocho. Entre ellas destaca la instauración de una oficina judicial, que según los plazos que manejan podría empezar a funcionar a principios del año 2010, aunque todo dependerá «de las dotaciones presupuestarias disponibles», comentaron.
Los jueces reclaman también la incorporación de las nuevas tecnologías a las dependencias judiciales, la formación adecuada del personal que se encuentre al servicio de la Administración de Justicia para así asegurar la cobertura de vacantes mediante personal titular o que sea el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) quien establezca la carga máxima de trabajo razonable que podrá adquirir cada órgano judicial.
Los magistrados leoneses hacen hincapié en que se revise en profundidad la actual planta judicial, dirigida a la creación o supresión de aquellos órganos judiciales que fueran necesarios para distribuir de manera equitativa el trabajo. Sobre las sustituciones, reclaman que se arbitre un sistema adecuado mediante jueces titulares y que se adopten las medidas adecuadas para asegurar la conciliación entre la vida familiar y laboral.
Por último, la octava de las reivindicaciones que incluyen en la tabla está la de cumplir las previsiones de la Ley de Retribuciones sin perjuicio de que su puesta en marcha se lleve a cabo cuando se supere la crisis económica.
«Deficiente estado de la Administración»
Además de la tabla de reivindicaciones que hicieron llegar a los poderes públicos, los jueces de León leyeron un comunicado en el que expresaron su consenso al considerar que «su óptimo funcionamiento continúa siendo la asignatura pendiente del Estado después de más de treinta años de feliz restauración de las libertades en nuestro país», dijeron.
En este comunicado destacaron las carencias del servicio público que prestan los órganos judiciales, lo que genera un descontento que, dicen «frustran tanto a las legítimas expectativas de los ciudadanos que acuden a él como las de quienes operamos profesionalmente en él», donde incluyen a «jueces, fiscales, secretarios judiciales, abogados, procuradores, funcionarios y a todos los que trabajan en la Administración de Justicia». De ahí que las reivindicaciones que hoy se plantearon «no son gremiales o corporativistas, sino que persiguen la dignificación de un servicio esencial para el ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos», añadieron.
Sobre la acumulación de asuntos y causas en los juzgados, los magistrados leoneses argumentaron «acaba erosionando la confianza social y de alguna manera, la legitimidad democrática del juez». Por ese motivo creen que un Estado que quiera ser democrático y de derecho «no puede permitirse tener una Administración de Justicia infradotada y sometida a la permanente zozobra causada por las disfunciones», concluía el comunicado.