La Junta garantiza que no tomará decisiones sin acuerdo con las pedanías

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«A partir de la aprobación de esta ley la Junta no podrá decidir sola, sin el acuerdo de los propietarios ,en los montes de utilidad pública». Así de rotundo fue el director general de Medio Natural de la Junta de Castilla y León, José Ángel Arranz a las críticas vertidas sobre que la Ley de Montes sesgará las competencias de las juntas vecinales que se convertirían en un mero órgano consultivo. La polémica sobre esta normativa que se aprobará en las Cortes en abril fue el tema que abordó la tertulia «Diario de León tiene la palabra».

Arranz insistió en que existe «un reparto de competencias muy claro», al tiempo que añadió que, hasta ahora, los montes se han gestionado de la misma manera los últimos cien años y ahora «la gestión debe adaptarse a los tiempos actuales, permitiendo que culaquier decisión que se tome tenga todas las garantías para los propietarios y cuente con el informe favorable de los técnicos. «La Junta dará un apoyo técnico para gestionar montes que son ecosistemas complejos donde intervienen muchas variables y que una entidad local no tiene», resaltó el responsable del Ejecutivo autonómico.

A una pregunta de la portavoz de la plataforma en contra de la Ley de Montes, integrada por pedanías del PSOE y de la UPL, Carmen Mallo. sobre si la opinión de las pedanías será vinculante, Arranz insistió en que sí. «La ley reconoce expresamente los derechos de las juntas vecinales, tratándolos al mismo nivel que los ayuntamientos propietarios de montes», matizó.

A la tertulia también asistió el procurador del Grupo Mixto, Joaquín Otero, miembro de la ponencia que debate esta nueva normativa. Explicó que, de momento, la Junta dará audiencia a las pedanías, «algo que hemos logrado incluir y que es menos que nada» aunque resaltó que esa opinión «no será vinculante» pese a lo que diga la Administración autonómica. Joaquín Otero manifestó que uno de los problemas que tiene la Ley de Montes es que ninguno de los tres procuradores populares que participan en el estudio y debate de la Ley de Montes «son de León y, por tanto, desconocen la realidad de las juntas vecinales, su historia y su importancia». También contó con la presencia de Carlos González Antón, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de León y abogado experto en temas ambientales y de montes que también ha presentado varias alegaciones al proyecto de ley. Reconoció que la Junta «no ha sido sensible a la particularidad que tiene la provincia de León, no sólo en las competencias sino en la realidad institucional, claramente dramática a los efectos de gestionar el territorio».

Las pedanías advierten que la Junta se hará con la gestión de las fincas particulares que lleven 20 años sin cultivar y exigen que el fondo de mejora se fije en el 15% sin posibilidad de aumentar.