El Consultivo da el visto bueno al decreto que simplifica la administración
dl | redacción
El Consejo Consultivo de Castilla y León dio luz verde esta semana al dictamen sobre el proyecto de decreto de medidas relativas a la simplificación documental en los procedimientos administrativos. Una vez aprobado, la Junta suprimirá en breve plazo la obligación tanto de ciudadanos como de empresas de presentar diversos documentos para reducir la burocracia en ventanilla, según informó ayer el organismo consultivo.
Este dictamen es el último trámite, de carácter preceptivo, antes de que el Ejecutivo autonómico apruebe el citado decreto, que tendrá una especial incidencia en las relaciones de los ciudadanos con los órganos de la Administración en Castilla y León. El proyecto consta de un preámbulo, 18 artículos (estructurados en tres capítulos), tres disposiciones adicionales, dos transitorias, una derogatoria y cuatro disposiciones finales.
El decreto contempla en el artículo segundo la supresión de la obligación del interesado de aportar determinados documentos como el DNI, el certificado de empadronamiento, el documento acreditativo del título de familia numerosa reconocido y expedido por la Administración autonómica y la certificación acreditativa del cumplimiento de las obligaciones frente a la Seguridad Social, entre otros requerimientos.
Cercana a los ciudadanos
El proyecto de decreto incide en el compromiso de la Junta de seguir avanzando en la consecución de una «actividad administrativa eficiente y cercana a los ciudadanos». La normativa existente en el Estado y en algunas comunidades autónomas fundamenta la simplificación documental de los procedimientos «en la facilidad que la Administración tiene para la comprobación de determinados documentos y datos, bien por tratarse de documentos ya obrantes en poder de la propia Administración, bien por poder consultar los datos necesarios por técnicas telemáticas».
Castilla y León no es la única comunidad en desarrollar normativa para la simplificación documental en los procedimientos administrativos. Andalucía, Cataluña o Extremadura también han presentado iniciativas similares en los últimos meses.
Éste es el segundo proyecto de decreto dictaminado por el Consejo Consultivo en el 2009. El primero fue el decreto por el que se regulan los programas de conciliación de la vida familiar, escolar y laboral en el ámbito educativo.