| Análisis | Desde el 2005 |
Salvaguarda del territorio
La consejera de Medio Ambiente ensalza la nueva normativa como consolidación de la propiedad pública, impulso a la protección medioambiental y conservación del medio rural
redacción
Siete títulos, 125 artículos, diez disposiciones adicionales y una transitoria, además de la inicial exposición de motivos, conforman la Ley de Montes de Castilla y León. El documento refleja el concepto básico de monte, así como la defensa y consolidación de la propiedad pública, la planificación, el régimen aplicable a los aprovechamientos, conservación, protección y el fomento de los montes de utilidad pública.
La vicepresidenta primera y consejera de Medio Ambiente, María Jesús Ruiz, anunció que mediante esta ley, que se aplicará en cinco millones de hectáreas de Castilla y León, se va a condonar la deuda de 900 entidades locales relativas a contratos de repoblaciones que afectan a 330.000 hectáreas, lo que supondrá que la Junta deje de ingresar tres millones de euros «que se quedarán en las arcas municipales».
De las propuestas incorporadas a la normativa, Ruiz destacó la referencia al papel de sumidero de CO2 de los montes, la reducción al 15% del Fondo de Mejora, la ampliación al 50% del Fondo Forestal, la creación del Registro de Montes de Castilla y León, la protección de los montes protectores, la presencia de las universidades en el Consejo de Montes y la posibilidad de que terrenos de plantaciones de chopos reviertan a uso agrícola.
También, el derecho preferente de adquisición de montes con valores singulares al rebajar el límite mínimo de 250 a 150 hectáreas, el aumento de garantías para los montes catalogados de utilidad pública y la reducción de obligaciones para entidades locales titulares de montes protegidos. Igualmente, se respetan y «santifican» los derechos consuetudinarios de las comarcas de Pinares de Burgos y Soria, según el PP. En Castilla y León, con cinco millones de hectáreas de superficie, se destinan 56 euros por habitante frente a los 16 de la media nacional.
Regula una gestión forestal sostenible y mantiene todos los aprovechamientos tradicionales de recursos para los vecinos de las zonas rurales, con el objetivo de conjugar la conservación con el desarrollo del medio rural y el mantenimiento de su población, en palabras de la consejera.
La elaboración del anteproyecto de la Ley de Montes se inició en el 2005, pero se aplazó debido a la modificación que realizó el Gobierno de su ley básica en el 2006. Pasadas las elecciones autonómicas de mayo del 2007, la Consejería de Medio Ambiente retomó el trabajo, con la petición de nuevos dictámenes al Consejo Económico y Social y Consejo Consultivo.