La UPL podrá expulsar a los cargos que no acaten las resoluciones del partido

león

La guerrilla quiere pasar a ser ejército. Un batallón disciplinado en el que se marquen deberes y derechos, se distinga entre poderes legislativo, ejecutivo y judicial, y se fije un régimen disciplinario. Un esfuerzo que se condensa en el proyecto de Estatutos que aprobará hoy el comité ejecutivo de la UPL, antes de enviarlo a los comités comarcales para que aporten sus ideas y vuelva a la sede de República Argentina, donde recibirá la bendición definitiva y se someterá al dictamen de un congreso, previsto para antes o después del verano. Después, tendrá que convocarse otro proceso congresual para renovar cargos, con una duración de cuatro años, el doble de lo actual. Se anuncia que el futuro de la formación leonesista parte de ahí: la ruptura con la última herencia del partido que parió José María Rodríguez de Francisco; la renovación estructural para ser una formación seria, en la que desaparezcan los resquicios por los que se cuela el oxígeno para el nacimiento de pequeños feudos con vocación de taifas.

El texto consagra el nacimiento de un nuevo órgano: el Consejo General. Un foro de asesoramiento y consulta, que estará compuesto por cerca de 40 personas: 25 elegidas de manera directa en el congreso, más el presidente, el secretario general, el vicesecretario general -”una figura de nueva creación-”, los presidentes de las demarcaciones de Zamora y Salamanca y el representante del Conceyu Xoven. La idea es que esta herramienta asuma las funciones que antes ejercía el Comité Ejecutivo, donde la mayoría de los miembros eran natos, sin casi participación de las bases.

No desaparece el Comité Ejecutivo, que recoge el esquema de lo que en la actualidad es la Comisión Permanente. Un grupo más reducido, con presidente, secretario general, vicesecretario y administrador, más los responsables de las áreas que se delimiten en el congreso -”sanidad, educación, etcétera-” quienes serán aprobados por el Consejo General a propuesta del secretario general.

El Comité de Disciplina se mantiene pero se le da herramientas. Un régimen en el que se marca como muy grave que los grupos políticos no acaten las resoluciones del partido y se abre la posibilidad de la expulsión. Una figura sancionadora que no existe en la actualidad, por lo cual Otero y Rubinat sólo pudieron ser suspendidos de militancia.

Novedoso es la separación en lo que ahora es la figura del afiliado: cerca de 4.000, pero sin que haya un control de sus aportaciones monetarias o de participación. Aparecen los militantes -”aquellos que están al corriente de las cuotas y tienen derechos de voz y voto-” y los simpatizantes -”los colaboradores, sin pago y sin voto.

Esta estratificación de las bases se refleja también en los condicionantes que se aplicarán a las corrientes internas de opinión, que tendrán que contar con un 5% de los militantes y miembros de, al menos, 5 agrupaciones de distrito distintas para impedir que se fijen como territoriales.