El Consejo de Ministros hará oficial este viernes su nombramiento
Amparo Valcarce será la nueva delegada del Gobierno de Madrid
La política leonesa deja la secretaría de Estado de Política Social después de 5 años
Amparo Valcarce, en un imagen de archivo, durante una de sus visitas a León como secretaria de Estad
león
Me quiere, no me quiere. Finalmente la margarita dijo sí y Amparo Valcarce, que hasta ahora se ocupaba de la Secretaría de Estado de Política Social, seguirá ligada al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero como delegada del Gobierno en Madrid, eso sí. Según adelantó ayer la Cadena Ser, el nombramiento de la política berciana será oficial mañana viernes, al término del Consejo de Ministros.
La última remodelación realizada por el presidente del Gobierno en sus carteras ministeriales motivó la llegada de Trinidad Jiménez al Ministerio de Sanidad, que ahora asume también la Política Social, área que a partir de este momento llevará directamente la nueva ministra. Amparo Valcarce, que nació en Fabero en 1956, había llegado a la Secretaría de Estado de Asuntos Sociales de la mano del entonces ministro de Trabajo. Jesús Caldera. En el nuevo equipo de gobierno, tras ganar las elecciones generales de marzo del 2008, Zapatero le quita la política social al Ministero de Trabajo y hace que la asuma Educación. Mercedes Cabrera mantiene la confianza en Amparo Valcarce que se queda como secretaria de Estado no ya de Asuntos Sociales sino de Política Social.
Nuevo paso
De confirmarse su nombramiento como delegada del Gobierno de Madrid, Valcarce habrá dado un paso más en su ya de por sí importante carrera política, en la que ha sido concejala en el Ayuntamiento de Fabero (1991-1999) y consejera comarcal del Bierzo (1991-1995). Fue diputada nacional entre los años 1996 y 2004, donde ocupó la Portavocía de Educación y Cultura. La política leonesa sustituirá en el cargo Soledad Mestre, que llegó a este cargo en el 2006 tras la dimisión del anterior delegado, Constantino Méndez, quien se vio obligado a dimitir por la condena de tres policías por la detención ilegal de militantes del Partido Popular durante una manifestación en la que supuestamente se agredió al entonces ministro de Defenda, José Bono.