Inseguridad y planeamiento

Opinión | maría jesús muñiz

El Gobierno pretende controlar los costes del sistema eléctrico y la «alegría» de las autonomías al aprobar instalaciones. El sector se queja de inseguridad.

Los empresarios del sector eólico se quejan una vez más de la inseguridad que les supone el empeño del Gobierno en revisar las primas que reciben las energías renovables. La primera revisión, aprobada en el 2007, respondía según Industria a la necesidad de poner coto a los beneficios exagerados que el pago de las primas por producir energía limpia estaba dando a las empresas. Lo mismo ocurrió con las fotovoltaicas. Pero el Gobierno pretende también tener un control sobre el desarrollo de estas energías, que permiten atender a los criterios medioambientales pero a la vez encarecen enormemente la factura eléctrica y dificultan el control del sistema eléctrico (su capacidad de generación es imprevisible).

Ahora los proyectos de energías renovables tendrán que inscribirse en un registro y probar que cuentan con el 50% de la financiación, los equipos necesarios y las licencias municipales. Las empresas que no consigan meterse en este registro quedarán a expensas de otro sistema de financiación menos ventajoso. Y el Gobierno cerrará el cupo de este registro cuando llegue a los 20.155 megavatios, 4.000 más de los 16.500 actuales. Muchos menos que los que están solicitados.