La Junta traspasará las guarderías sólo a los ayuntamientos que lo soliciten
Las Cortes aprobaron ayer, con el voto en contra del PSOE y el apoyodel PP y los dos procuradores leonesistas, el proyecto de ley de Transferencias
La Junta recibió ayer el apoyo de los procuradores del PP, además de los leonesistas Joaquín Otero y Héctor Castresana (47 votos a favor) para el proyecto de ley de Transferencias a las corporaciones locales, que fue aprobado por las Cortes después de casi un año en tramitación, y abre la segunda descentralización a los ayuntamientos con competencias sobre 200 centros y el traspaso de 700 empleados, entre ellas la educación de 0-3 años. La oposición socialista rechazó el texto por entender que es «apresurado y contiene múltiples incoherencias».
El socialista Ángel Velasco acusó al PP, durante el debate final en el plenario, de no haber buscado el acuerdo durante el trámite de la ley en las Cortes, mientras que el popular Francisco Aguilar recriminó a la oposición que haya «metido miedo» a los padres y a los trabajadores al señalar que los centros infantiles serán privatizados.
Por su parte, el consejero de Interior y Justicia, Alfonso Fernández Mañueco, destacó durante la presentación del proyecto de ley ante el plenario que con esta normativa se da un paso y un impulso al Pacto Local aprobado en 2005, recordó que todos los entes locales, con independencia de su color político, se han adherido a este pacto de la descentralización y subrayó que ahora se destina a este marco 40 millones en los presupuestos de 2009, a los que se suman los 467 millones de la cooperación sectorial.
El consejero recalcó, ante la polémica por la posibilidad de transferir los centros de 0-3 años, que la Junta de Castilla y León se reserva el reconocimiento jurídico de carácter educativo, el desarrollo curricular, los criterios pedagógicos sobre el material escolar, el desarrollo de la actividad extraescolar y la inspección. «No se pierde su naturaleza jurídica como servicio público», aclaró, y añadió que la competencia es voluntaria y, en caso de que se solicite, se negociará en una Comisión Mixta bajo los criterios de capacidad de gestión y suficiencia financiera. «Garantiza gestionar con eficacia los servicios que se quieren transferir, respeta los derechos de los trabajadores que trabajan en esos centros y es la ley que merece una administración local», remarcó el titular de Interior y Justicia.
Pese a estos argumentos, el socialista Ángel Velasco proclamó que los socialistas son «municipalistas convencidos» y defienden el traspaso de competencias a los entes locales, pero censuró que el proyecto presentado sea «fruto de las prisas» para cumplir lo que dice el Pacto Local, por lo cual es una «mala ley».
«Es mentira que la ley vaya a afectar al personal laboral, se aceptará lo que se pacte en el convenio colectivo que se suscriba», aclaró el procurador del PP, Francisco Aguilar, que acusó al PSOE de «dar bandazos» con sus posturas.