Carrasco culpa de los errores en San Isidro al anterior gobierno provincial
Reconoce que la Diputación ha incumplido sus obligaciones con la promotoray anuncia que el problema de la falta de luz está «a punto de resolverse»
La sociedad Esquí Golf Resort mantuvo durante varios años una caseta de ventas en la estación invern
«No tengo intención de tirar un solo duro de los ciudadanos de la provincia», aseguró ayer la presidenta de la Diputación en su primera valoración sobre la demanda presentada en los Juzgados de León por la promotora que desarrolla la expansión residencial de San Isidro, que reclama a la institución provincial algo más de seis millones euros.
Subrayó que la Diputación defenderá sus intereses en los tribunales cuando se enfrente al juicio, «si el juez determina esta vía para resolver el asunto», y que si finalmente el magistrado decide que debe indemnizar a la sociedad Esquí Golf Resort, las arcas provinciales pagarán la cantidad que fije la sentencia.
Carrasco precisó desde el principio de sus declaraciones, realizadas en Ponferrada tras un acto: «Este tema viene íntegramente de la legislatura pasada», culpando, sin mencionarlo expresamente, a su antecesor en el cargo, Javier García-Prieto, de los problemas que arrastra San Isidro, sobre todo el del déficit de energía eléctrica, que han desembocado en esta demanda millonaria.
La presidenta recordó que el contrato de compra-venta de las parcelas obliga a una serie de deberes a la Diputación y a la promotora que «el demandante no ha cumplido y la institución provincial tampoco».
Apuntó que el problema de la falta de suministro eléctrico, que precisa la urgente construcción de una nueva línea de alta tensión, «está a punto de resolverse», enfatizando que el proyecto tuvo que iniciarse de cero con el nuevo mandato (año 2007) y que se trata de un proceso complicado.
El proyecto inicial, cuyas obras llegaron incluso a licitarse, tuvo que retirarse en el anterior mandato por imperativo de la Junta al carecer de la preceptiva declaración de impacto ambiental, ya que la línea atraviesa zonas del Parque Regional de Picos de Europa.
La promotora reclama la resolución del contrato «por incumplimiento de la Diputación», la devolución de la cantidad que pagó por las parcelas, los gastos por gestión urbanística, edificación y urbanización y una indemnización por daños y perjuicios.