León aprobará el viernes los pliegos para privatizar el 49% de Aguas

Sin perder su cauce, el equipo de gobierno del Ayuntamiento de León aprobará en el Pleno del viernes los pliegos que regirán el concurso para buscar un socio privado que asuma el 49% del servicio de Aguas. Un paso más -”que se acompañará en la sesión plenaria con la desestimación de las alegaciones presentadas por colectivos sociales a la memoria que intenta justificar la privatización-” tras el que se iniciará un mes de exposición pública, para luego proceder a la licitación y posterior adjudicación. Plazos que, si no se altera el calendario fijado por los políticos de PSOE y UPL, prevé la entrada en funcionamiento de la nueva sociedad mixta para finales de septiembre o principios de octubre.

El borrador de los pliegos se tamizó a final de la pasada semana para asentar las condiciones que deberán cumplir las empresas que opten a la adjudicación. Unos requisitos que explicitan que los posibles adjudicatarios tendrán que presentar una oferta en la que ofrezcan entre 20 y 25 millones de euros para asumir la gestión y el 49% del accionariado durante 25 años. Dinero que le será devuelto a la empresa privada por el consistorio año a año y que representa el objetivo principal de la operación, según los rectores municipales, que han publicitado la externalización como requisito imprescindible para que los bancos les fíen los 70 millones de euros del factoring-confirming con el que pagar a los proveedores históricos.

Por encima de esta cifra que debe ser reingresada al socio privado, los pliegos establecen que en las ofertas se tiene que proponer un canon de entre 3 y 6 millones de euros, que quedará en las arcas municipales, con el que se sumarán puntos frente al resto de sociedades aspirantes. Ventajas competitivas entre las que también figurarán las posibles mejoras técnicas propuestas para el servicio, en el que, según los responsables municipales, es necesaria una inversión de 8,5 millones de euros, pese a que admiten que en el corto plazo valdría con 1,4 millones.

Reparto de beneficios. Los pliegos recogen una cláusula para intentar enjugar el pago que tendrá que hacer el Ayuntamiento por el consumo propio de agua: cerca de 11,5 millones de euros en los 25 años de la concesión, según la memoria justificativa. Este desembolso, que ahora no se hace al ser un servicio municipal, se atemperará al obligar a la empresa adjudicataria a que aporte al Ayuntamiento un 2% de la facturación. Un porcentaje que se sale del reparto del resto de beneficios: 32,4 millones para el consistorio y 31,1 millones de euros para la empresa, más 8 millones adicionales por un concepto denominado buena gestión, según se establece en el documento que elaboraron técnicos municipales para argumentar la necesidad de la privatización del 49%.

Con estas mimbres, la medida -”que no llevará aparejado una subida de las tasas más allá del IPC más un punto diferencial, como se comprometió el equipo de gobierno de PSOE y UPL en un Pleno-” queda a la espera de conocer el nombre de la empresa de gestión integral del agua que entra en la nómina del consistorio.