Los contratos «establecen que no se harán cargo de los posibles daños a la salud»
La plataforma no falta a un Pleno para protestar.
El negocio deriva en que «incluso hay quien alquila el interior de una vivienda, como en el número 112 de la avenida Mariano Andrés, para instalar el aparataje», según alerta el portavoz de la plataforma contra las antenas y miembro de Los Verdes, Jesús Tábara, para hacer de altavoz de las quejas de los vecinos. Los elementos de esta estación están ubicados en un piso y se conectan con el exterior, donde se ubican los paneles, por medio de cables a través del forjado, aunque los técnicos municipales no han visto que incumpla los usos fijados en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Pese a este primer trámite administrativo, que se concreta en las licencias ambiental y de obras, la operadora todavía tendrá que librar una última esclusa: el permiso de apertura, después de que se vuelva a revisar toda la instalación, según explican fuentes del consistorio, que no tienen constancia de que haya empezado a emitir.
El ejemplo pone de manifiesto la pericia de las operadoras para encontrar lugares en los que colocar las antenas de telefonía móvil, que en muchas ocasiones chocan con las reivindicaciones de unos vecinos, como en el barrio de Cantamilanos, donde una vieja fábrica acumula hasta tres instalaciones gracias al acuerdo alcanzado con el propietario, que no vive en el entorno. Un compromiso que se plasma en contratos en los que «las operadoras especifican que no se harán cargo de los daños contra la salud que puedan derivarse de las emisiones», como recalca Tábara.