El PSOE advierte que los pueblos no pueden controlar su agua

La entrada en vigor el pasado día 1 de marzo del Programa de Vigilancia Sanitaria del Agua de Consumo Humano de Castilla y León obliga a los gestores del agua -”ayuntamientos y juntas vecinales-” a cumplir una serie de requisitos que no pueden abordar en su gran mayoría, principalmente, por falta de recursos económicos, humanos y técnicos. Su no cumplimiento, además, conlleva sanciones por parte de la Junta.

Ante esta normativa, los socialistas de la institución provincial evidenciaron ayer la «imposibilidad de los alcaldes para seguir el programa y, sobre todo, ahora en plena época de crisis cuando las arcas municipales no pueden asumir ni siquiera los gastos corrientes», aseguró la diputada Manoli Ordás. Explicó que el PSOE presentó ayer mismo en el seno de la Comisión de Medio Ambiente una moción, que fue rechazada por el equipo de gobierno, para lque a Diputación «amplíe de manera urgente» el apoyo a los municipios de menos de 20.000 habitantes para garantizar que los ayuntamientos cuenten con una ayuda técnica, económica y laboral para gestionar y controlar su agua potable.

Igualmente, los socialistas exigen que la institución provincial reclame a la Junta «un compromiso económico suficiente en su obligación de velar por la protección integral de la salud pública». También piden a la autonomía «cierta flexibilidad» en las inspecciones contempladas en el programa de vigilancia hasta que los municipios puedan asumir con garantías, una vez que reciban el apoyo económico, la gestión y autocontrol del agua. El protocolo exigido por la Junta, además, obliga a cada gestor -”ayuntamiento o pedanía-” a registrar los resultados en dos libros y también en el Sinac (Sistema de Información Nacional de Agua de Consumo), un programa informático, al que muchas entidades locales no podrán acceder por carecer de Internet.

El viceportavoz socialista, Matías Llorente, comentó que el plan de la Diputación para contratar laboratorios que abaraten los controles a los ayuntamientos al negociar precios, todavía no ha entrado en vigor. «Encima las empresas ya están ofreciendo a los ayuntamientos precios más baratos fuera del contrato con la institución».

El PSOE propone agrupación de ayuntamientos por zonas y mancomunidades para afrontar los gastos de la gestión integral y que esta labor cuente con financiación de la Diputación.