Los fiscales quieren demandar en casos de «bulling» a los centros

Atajar el «bulling» desde todos los frentes. La violencia en las aulas incrementa cada curso el número de casos que llegan ante los fiscales de menores de todo el país. Este asunto supone una de las principales preocupaciones de este colectivo, que en su congreso anual clausurado ayer en León planteó en su línea de conclusiones como uno de los puntos que debe reforzarse judicialmente.

Así, el fiscal de la Unidad de Menores de la Fiscalía General del Estado, José Miguel de la Rosa, aseguró que plantean que en caso de un delito de «bulling» sea demandado también el centro escolar como responsable civil, además del niño acosador y su familia como hasta ahora se hace. «Se trata de ampliar responsabilidades y el papel del colegio es vital a la hora de atajar estos casos, impedirlos y vigilar estos comportamientos».

A expensas de que las conclusiones del Congreso Anual de Fiscales de Menores reciban el visto bueno del Fiscal General del Estado, también el más de medio centenar de profesionales reunidos en León durante dos jornadas acordaron impulsar las vías de la mediación, conciliación y reparación extrajudicial para evitar «al menor el proceso penal formalizado», es decir, tener que enfrentarle a un juicio.

En este sentido, De la Rosa explicó que en más del 70% de los casos no llega a celebrarse el juicio, ya que el fiscal y el abogado llegan a un acuerdo de conformidad.

Otra de las conclusiones de la cita de León reclama por parte de estos representantes del ministerio público impulso a la celeridad a los procedimientos de respuesta al menor infractor. También inciden, especialmente, en la necesidad de evitar la identificación de los menores protagonistas de delitos en los medios de comunicación, así como la necesidad de salvaguardar los derechos de los extranjeros en esta franja de edad.

Otra de las misiones de los fiscales de menores pasa por vigilar que no haya retrasos ni dilaciones en la instrucción de los casos. José Miguel de la Rosa reconoció que uno de los puntos negros en materia judicial relacionada con los menores sigue siendo el déficit de medios materiales y equipos técnicos (integrados por un psicólogo, trabajador social y educador), responsables de elaborar un dictamen completo, básico para seguir adelante con la instrucción y que necesariamente deben ver al menor. El retraso en la elaboración de estos dictámenes demora los procesos.

En la jornada del jueves, la fiscal coordinadora de Menores, Consuelo Madrigal, defendió la repatriación de los menores extranjeros no acompañados para facilitar su reinserción.

Precisamente, ese día se anunció la firma en León antes de diciembre de un protocolo de actuación para menores extranjeros no acompañados que tiene como objetivo la agilización de las pruebas médicas radiológicas y las actuaciones policiales administrativas para conocer su edad con exactitud. La rúbrica del documento contará con la Fiscalía de Menores de León, la Subdelegación del Gobierno y la Consejería de Sanidad.