Asturias condiciona la viabilidad de la Sama-Velilla al proteger sus montes

A la declaración de impacto ambiental (DIA) de la Sama-Velilla que el Gobierno está a punto de publicar le falta un capítulo. Un anexo en el que se deberá reflejar lo que el pasado viernes le coló el Principado: una porción de los terrenos por los que se ha dibujado la línea de alta tensión dentro del concejo de Aller ya son parte del parque natural de Las Ubiñas. Mayor protección, más trabas, para que el trazado que pretende dar salida a la producción eléctrica asturiana hacia la meseta, a través de 80 kilómetros de valles leoneses, caiga abajo.

Pero por el momento, la decisión adoptada con los votos del PP y los cuatro integrantes de IU, que se desmarcaron de sus socios de gobierno del PSOE, no sirve para alejar por completo la visión de las torretas. Sí que complica más aún el camino al Gobierno central, dado que la entrada de la nueva figura de protección «refuerza seriamente la necesidad de adoptar medidas correctoras y compensatorias» adaptadas a lo que, en vez de ser «un impacto moderado» será «severo o crítico», como explica el abogado de la plataforma leonesa contraria al proyecto, Carlos González-Antón, titular del despacho Ecourban Consultores. El concepto se traduce en un encarecimiento del coste de ejecución de la obra, en la que podría incluso tener que soterrarse parte del tendido, y en la necesidad de que se afine al milímetro la definición del trazado, para que el juzgado no lo declare nulo, como sucedió con el que se intentó hacer pasar por Picos de Europa. Dos márgenes que «ponen en peligro la viabilidad económica y medioambiental» de la autopista eléctrica que transportará 400 kilovoltios.

Más allá de Pajares, como recogía en su edición de ayer La Nueva España , el PSOE, que mantiene que hay en previsión proyectos energéticos por un valor de 3.500 millones de euros que dependen de la línea de evacuación eléctrica, ha analizado la medida como «una emboscada» y «una agresión contra los intereses económicos de Asturias». «No lo conseguirán», desafía Fernando Lastra, secretario general de la Federación Socialista Asturiana (FSA).

Mientras el Principado de Asturias acciona sus herramientas de protección ambiental, en Castilla y León la acción de la Junta se resume en aprobar una moción que rechaza el trazado actual, pero que no condena el proyecto; lejos de políticas efectivas, a imagen de las asturianas, como serían la activación con carácter de urgencia del plan de gestión del Lugar de Interés Comunitario (LIC) Montaña Central o la tramitación de los espacios contenidos dentro de la Red Natura 2000.