Castrocontrigo aún reclama dinero a Defensa por el incendio del Teleno
El pedáneo asegura que el ministerio debe al pueblo los intereses de demora de 265.500 euros, que forman parte de la indemnización por el siniestro de 1998
Aspecto que mostraba una zona quemada meses después del siniestro.
La pedanía de Castrocontrigo aún espera cobrar dinero del Ministerio de Defensa a consecuencia del incendio que se declaró el 13 de septiembre de 1998, en el transcurso de unos ejercicios militares en el polígono de tiro del Teleno. Según Francisco Fernández Arandilla, alcalde pedáneo de Castrocontrigo, el Ministerio de Defensa debe a la entidad local menor los intereses de 265.489 euros, reconocidos al pueblo por el Tribunal Supremo a principios del año 2005, como parte de la indemnización correspondiente por el siniestro.
El fuego causó daños en una extensión de 380,18 hectáreas de pino, en su mayor, y roble pertenecientes a la Junta Vecinal de Castrocontrigo, señaló Fernández Arandilla. «Nosotros decidimos aceptar la indemnización propuesta por la Junta de Castilla y León y no emprendimos acciones judiciales». Sin embargo, la batalla judicial comenzó cuando el ministerio acordó una indemnización de 593.482,14 euros por los daños del siniestro. Es entonces cuando la junta vecinal recurre a la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, que reconoció que la cuantía debía incrementarse en 265.489 euros -”298.609 euros había solicitado la representación legal del pueblo-” por los recursos micológicos y de leña perdidos a consecuencia del incidente.
La cantidad que reconoció la Audiencia Nacional, en sentencia del 8 de marzo del 2000, y que confirmó luego el Supremo se fundamentaba en el «informe de los Servicios Técnicos de la Junta de Castilla y León, exhaustivo, riguroso y pormenorizado, que no ha sido cuestionado pro ningún otro» y ya fue abonada por el Ministerio de Defensa a la pedanía. Sin embargo, son los intereses de demora los que hacen que el caso continúe «en un bufete de abogados de Madrid», indicó Fernández Arandilla, que estima entre 42.000 y 48.000 euros el montante de éstos, cantidad que, sin embargo no garantizó. La sentencia del Supremo sobre este caso no hace referencia alguna a los intereses de demora.
Este periódico puso en conocimiento del gabinete de prensa del Ministerio de Defensa el caso, con el fin de conocer su opinión al respecto. Al cierre de esta edición, no se había facilitado respuesta.