PUEBLA DE LILLO
El alcalde afirma que las piedras de la fachada están numeradas en un almacén
El regidor defiende que las actuaciones del Ayuntamiento se han ajustado a la legalidad y que ha incoado expediente de protección de la legalidad urbanística
La parcela de la casa de los escudos totalmente vacía tras la retirada de las fachadas.
El alcalde de Puebla de Lillo, Pedro Vicente Sánchez, aseguró ayer respecto a la «desaparición» del edificio de los escudos del s. XVIII que todas las actuaciones realizadas por el Ayuntamiento «se han ajustado a la legalidad» y matizó que la empresa Oriental Resorts, encargada de la obra, presentó la documentación que acredita las medidas para la conservación de los sillares, «con un documento que demuestra que las paredes se desmontaron numerando sus elementos y que los sillares están en un almacén», informe que el Ayuntamiento ya ha enviado a la Comisión de Patrimonio de León, que tratará mañana este tema.
Sánchez recuerda que el edificio está catalogado en las normas subsidiarias de planeamiento del Ayuntamiento con un nivel que permite obras de reforma en la distribución interior sin aumento de volumen y manteniendo la fachada. «Una vez obtenida la preceptiva autorización de la Comisión de Patrimonio, y nunca antes, la junta de gobierno del 18 de agosto del 2009 concede la licencia a la sociedad mercantil Oriental Resorts S. L. para la construcción de un hotel de cuatro estrellas», explica el regidor quien recuerda que en el expediente de la licencia, Patrimonio acuerda autorizar la intervención eliminando cualquier actuación contemporánea y utilizando sistemas constructivos homogéneos y coherentes con la situación actual del edificio. «Se incluye informe favorable del arquitecto del SAM de Diputación de León y del secretario municipal. La licencia se concede a un proyecto que se adecua a todas las normas exigidas y en base a la legalidad vigente», dice el alcalde.
El pasado 12 de febrero el arquitecto técnico municipal hace un informe en que hace constar la demolición de los muros y sillerías del edificio y se formaliza la preceptiva acta de inspección. «El mismo día por decreto de la alcaldía se incoa expediente de protección de la legalidad urbanística y ordena la suspensión de las obras. Igualmente se pone de manifiesto la adopción de cuantas medidas fueran necesarias para la conservación de los sillares, así como el inicio de un expediente sancionador», según Pedro Vicente Sánchez.
El alcalde de Puebla de Lillo pone de manifiesto que «el Ayuntamiento no había recibido en ningún momento denuncia alguna sobre el desmantelamiento de la casona y que las actuaciones realizadas encaminadas a proteger la legalidad urbanística han sido incoadas de oficio».