El PP y el PSOE discrepan en la FRMP sobre la fórmula de financiación local
Los populares entienden que el Estado debe aprobar una ley de gobiernos locales antes que la Junta, y los socialistas instan a ésta a que lo haga de forma inmediata
Imagen de familia de los asistentes al encuentro ante el consistorio de Luyego.
La Federación Regional de Municipios y Provincias (FRMP) celebró ayer dos reuniones en Luyego, cuya alcaldesa, Marisa Rodríguez (PSOE) es vicepresidenta cuarta de la entidad. Uno de los asuntos abordados fue la financiación de los municipios, respecto a la cual populares y socialistas mantienen criterios distintos.
El presidente de la FRMP, Miguel Ángel García, alcalde de Ávila, del PP, consideró necesaria una ley estatal de financiación local antes que una autonómica, mientras que el vicepresidente primero, Fernando Campo, alcalde de Miranda de Ebro (Burgos), del PSOE, indicó que «hay que empezar a trabajar ya en Valladolid sin esperar a ver lo que pasa en Madrid». No obstante, García consideró respecto a estas divergencias que «son distintos criterios» pero que ambos partidos «están pidiendo lo mismo». Por su parte, Rodríguez indicó que «debe haber pasos por parte del gobierno central y del autonómico» y que los pequeños municipios «no pueden prestar los servicios mínimos que no les son propios» y pidió que «si son propios, que se financien». La alcaldesa de Luyego planteó la posibilidad de los transportes sanitarios intramunicipales «para que la gente no tenga que abandonar los pueblos por una cuestión tan nimia como la asistencia sanitaria», apuntó.
Por lo demás, la FRMP aprobó para este año un presupuesto de 1.028.311 euros, del que la partida dedicada a formación continua del personal municipal es una de las principales, y acordó establecer para sus integrantes una cuota fija anual de cinco euros por municipio.
Impuestos. El presidente de la FRMP indicó que hasta el 1 de diciembre podrán adherirse municipios al convenio firmado recientemente con la consejería de Hacienda para crear una ventanilla de recaudación de impuestos regionales, lo que supondrá una fuente de financiación, dijo. García negó que a corto plazo ningún ayuntamiento de Castilla y León vaya a aplicar expedientes de regulación de empleo a su personal. Además, precisó que antes de que finalice el actual Pacto Local, el 31 de diciembre del 2011, «hay que tener el nuevo, que será más ambicioso» y se prolongará hasta el 2016, dijo. La reunión, a la que acudieron 35 representantes municipales, abordó otras cuestiones, como la conversión del parque de viviendas libres en protegidas o la aplicación de la Ley del Ruido.