A un paso de la unificación de Picos

El próximo mes de octubre será vital para el futuro del Parque Nacional de Picos de Europa. Será entonces cuando se cierre definitivamente la negociación para el traspaso de competencias del Estado a las tres comunidades autónomas en cuyo territorio se asienta este espacio natural protegido. Si se cumplen todos los plazos previstos, el próximo 1 de enero del 2012 Castilla y León, Asturias y Cantabria asumirán de forma conjunta la gestión del parque, después de un duro proceso de negociación. Finalmente, los consejeros de Medio Ambiente de las tres comunidades pusieron en marcha la maquinaria del traspaso de competencias, tras estrechar sus manos en la reunión celebrada el pasado 17 de mayo en Covadonga, a partir de la cual decidieron caminar juntos hacia la unificación. Un mes más tarde, el Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino daba el visto bueno a los acuerdos adoptados por los consejeros y autorizaba el traspaso. Desde entonces, nadie ha movido ficha en este proceso que, según el director general de Medio Natural de la Junta de Castilla y León, José Ángel Arranz, está únicamente pendiente de formalismos administrativos. «Estamos a la espera de que nos convoque la Comisión Mixta de Transferencias, dependiente del Ministerio de Hacienda, del cual saldrá un decreto, que se aprobará lo antes posible para que el traspaso sea efectivo el próximo 1 de enero», explicó Arranz.

Así funcionará el parque. En el capítulo económico, la referencia tomada en la negociación entre las tres comunidades han sido las inversiones ejecutadas en el 2009, que suponen 3,3 tres millones euros. Por lo que se refiere al reparto entre las tres autonomías que comparten este espacio natural protegido, y en función del modelo que ya se aplicó en el 2009, Asturias recibirá un 39 por ciento, Castilla y León un 34 por ciento y Cantabria un 27 por ciento. El personal laboral, hueso duro de la negociación, quedará a disposición del consorcio. Esto significa que no habrá movilidad laboral, por lo que los trabajadores permanecerán prestando los mismos servicios y en las mismas condiciones en las comunidades para las que han sido contratadas. De esta manera Asturias conservará sus 67 empleados, Castilla y León sus 22 y dos Cantabria. Sobre las plazas sin cubrir, tanto en Castilla y León como en Cantabria, se acordó que «allí donde no hay personal, habrá dinero». Esto significa que ambos gobiernos tendrán que negociar con el Estado de cara a recibir el dinero necesario para la contratación de personal.

Respecto al funcionamiento del Parque Nacional, que mantendrá el patronato como órgano de participación, está prevista la creación de una comisión de gestión, con representantes de las tres comunidades autónomas, uno del Estado -«con voz pero sin voto-», al igual que el alcalde de la provincia que en ese momento esté ejeciendo la presidencia de la reserva. Su presidencia, que tendrá carácter rotatorio, será ejercida de año en año por una autonomía distinta.

Por su parte, el Patronato, estará formado por 31 personas que representarán a los once ayuntamientos de los territorios integrados en el espacio natural, representantes de las administraciones públicas y todas aquellas instituciones, asociaciones y organizaciones relacionadas con el parque.

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