La UTE del CTR solicita en el juzgado la suspensión del pago de impuestos

La UTE Legio VII, concesionaria de la gestión del Centro de Tratamiento de Residuos (CTR) de San Román de la Vega, presentó ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de León un recurso contra la reclamación por parte del Ayuntamiento de San Justo de la Vega de la liquidación del impuesto de construcciones por la citada planta. La UTE solicitó al juez, además, como medida cautelar la suspensión del pago de dicho impuesto, que fue fijado por el consistorio de San Justo en 745.243,37 euros.

La reclamación del pago por parte del Ayuntamiento de San Justo de la Vega fue acordada en junta de gobierno local el pasado 25 de agosto. El municipio también solicitó a la UTE otros 61.545 euros en concepto de tasas por la licencia de obra, petición de liquidación contra la que la empresa no ha recurrido por el momento, según confirmó el alcalde de San Justo, Avelino Vázquez.

Legio VII basa sus pretensiones de no asumir el pago del impuesto de construcciones del CTR en la declaración de éste por parte de la Junta de Castilla y León como proyecto regional en febrero del 2001. La empresa reconoce que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCYL) declaró nulo el decreto autonómico pero resalta que esta sentencia fue objeto de un recurso de casación ante el Tribunal Supremo que todavía está pendiente. La adjudicataria de la gestión de la planta también avala su petición con el argumento de que la obra del CTR fue promovida por una administración pública: el Consorcio Provincial para la Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos de la Provincia de León (Gersul).

Respecto a la solicitud de suspensión cautelar del pago del impuesto hasta que el juzgado resuelva, la empresa señala en su recurso: «Dada la importancia económica de la obligación cuyo pago se requiere [...] y teniendo en cuenta la notoria situación de morosidad que afecta» a Gersul, «la eventual exigencia de cumplimiento inmediato del deber de pago de la liquidación agravaría extraordinariamente la difícil situación financiera en la que se encuentra la UTE por la mencionada razón de no obtener la remuneración adecuada a los servicios que presta en interés de la provincia de León». Por ello, la UTE estima que de no conceder el juzgado la medida cautelar solicitada «pudiera perder su finalidad legítima el recurso».

Daños graves. La concesionaria también considera que la suspensión del pago no provocará daños graves «a los intereses generales o de terceros», y estima que el Ayuntamiento de San Justo de la Vega no tiene pendientes gastos que pensara afrontar con esta liquidación del impuesto.

El alcalde de San Justo, Avelino Vázquez, mostró su respeto hacia el recurso presentado por la UTE pero defendió el derecho del municipio a exigir este pago. «El Ayuntamiento tiene potestad de ordenación del territorio dentro de sus límites, y no se tenían que haber anulado sus competencias para reclamar el pago de impuestos y licencias a través de la declaración del CTR como proyecto regional», dijo. Consideró que este argumento estaba avalado por la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León de anular la consideración de proyecto regional de la planta «y la supresión de las competencias municipales», pese a que dicha resolución se encuentra pendiente de otro recurso ante el Supremo.

Finalmente, Vázquez señaló que el Ayuntamiento nombrará un procurador y un abogado que representen al municipio en este proceso judicial.