Las comunidades adelantan a enero la Comisión de Gestión
Cantabria, Asturias y Castilla y León quieren asumir «cuanto antes» la gestión de los Picos de Europa, por lo que «probablemente» en enero se celebrará la reunión constituyente de la Comisión de Gestión, en la que se decidirá qué comunidad presidirá y dirigirá el Parque Nacional el primer año.
El presidente del Patronato, Jesús Oria, consejero de Biodiversidad del Gobierno de Cantabria, hizo este anuncio en rueda de prensa, un día después de la Comisión Mixta en la que se dio luz verde al traspaso a las comunidades autónomas de la competencia sobre el Parque, que se hará efectivo el 1 de febrero de 2011.
El acuerdo establece que el Estado tutelará la gestión del Parque hasta el 30 de septiembre de 2011, como máximo, mientras las comunidades autónomas constituyen los nuevos órganos.
Sin embargo, los tres gobiernos autonómicos quieren adelantarse a esa fecha y asumir la gestión efectiva «cuanto antes», para que no haya «ninguna ruptura».
Por eso, el presidente del patronato convocará «probablemente antes de acabar el mes de enero» la primera reunión de la Comisión de Gestión, el órgano superior de gestión del Parque, en el que están representadas las tres comunidades autónomas y la administración central y los municipios, con voz, pero sin voto.
Oria ha explicado que la convocatoria se producirá cuando las tres comunidades autónomas publiquen en sus respectivos boletines oficiales los estatutos que regulan los órganos de gestión y participación del Parque, que, en el caso de Cantabria, se aprobarán mañana en el Consejo de Gobierno.
De acuerdo con los estatutos, el Parque Nacional será gestionado por una Comisión de Gestión, un Comité Técnico y un comité director y los codirectores.
La Presidencia de la Comisión de gestión y la dirección del parque serán rotatorias y corresponderán cada año a una comunidad, de acuerdo con un turno que se decidirá por sorteo en esa primera reunión de enero.
Con el traspaso, las comunidades autónomas recibirán 7,9 millones, de los que 2 corresponden a Cantabria, lo que equivale al 25 por ciento del total, por encima de la superficie que aporta al parque: 15.000 de las 64.000 hectáreas.
Además, se han asignado a la comunidad autónoma 8 de los 82 puestos de trabajo que tienen las categorías de personal laboral y funcionario, con lo que el personal aumenta en cinco.
No obstante, otras 31 personas trabajan en el territorio cántabro que ocupa el parque, contratadas a través de la empresa pública Tragsa.
Según ha explicado la directora general de Biodiversidad, María Eugenia Calvo, seis puestos son de funcionario, de lo que dos están vacantes, y dos laborales, uno de ellos por ocupar.
La Consejería de Biodiversidad tendrá que convocar un proceso selectivo para cubrir esas plazas y no descarta ampliar la plantilla mediante un concurso oposición cuando las condiciones económicas lo permitan, para garantizar una «óptima gestión», si bien antes de fijar el personal hay que analizar la situación y las necesidades.
El consejero y presidente del patronato ha subrayado el compromiso de las comunidades autónomas por mantener la unidad ambiental del parque nacional, mejorar «si se puede» la gestión» y mantenerlo como un elemento señero y «enormemente importante» de la red española de parques nacionales.
Cantabria, Asturias y Castilla y León asumieron estos compromisos en una reunión celebrada en Pesués el 24 de noviembre de 2004 para preparar el traspaso cuando el Tribunal Constitucional estableció que la gestión de los parques nacionales debía corresponder a las comunidades autónomas y seis años después «continúa plenamente vigente».
El consejero ha destacado el compromiso por la unidad ambiental «frente a los agoreros» que prometieron la disgregación del parque tras el traspaso competencial.