El juez de paz de Alija afirma que sufre una «persecución política»

Es la primera vez que habla desde que en verano su nombre saltara a las páginas de los periódicos. Victoriano Villar, juez de paz de Alija del Infantado desde el 2004 y presidente del club de caza desde hace doce años, había preferido guardar silencio pese a las graves acusaciones que se habían vertido en su contra desde el Ayuntamiento que atribuyó a una «persecución política».

Ayer, el juez explicó que sus relaciones con el equipo de gobierno de Alija del Infantado -”éste el que le eligió para el cargo en dos ocasiones-” se enturbian por la reivindicación sanitaria de la villa, cuando la denominada Comisión pro Sanidad distribuye en el pueblo un escrito en el anuncia la consideración de «traidores a Alija a todos los posibles candidatos electorales que presente el PP en el 2007 -”a las elecciones municipales, se entiende-” y a quienes apoyen a un partido que nos está despreciando», ya que éste ostentaba el Gobierno de la Junta y reiteraba el «no» a la petición de centro de centro de salud.

«No querían que me presentase en el 2007 y no quieren que lo haga a las municipales de este año», manifestó ayer Villar, que será el número dos del PP en el municipio y que abandonó sus pretensiones políticas hace cuatro años «por problemas familiares». Además, explicó que su condición de candidato no le impide continuar en el cargo de juez. Deberá renunciar si llega a ser elegido, explicaba ayer.

El juez de Alija aseguró que la pena de traición hacia los candidatos y simpatizantes del PP dio sus frutos en la guerra de la sanidad. «Después de varias legislaturas de mayorías absolutas el PP sacó 20 o 22 votos en Alija. Y el más tonto, yo, que dejé que me convenciera el ex alcalde, José Antonio Prieto, para que fuera con una trompeta en las manifestaciones a favor de la mejora sanitaria».

Con respecto a las acusaciones que ha recibido por su gestión del coto, Villar explicó que se sancionó a dos políticos por no comunicar a la directiva el envenenamiento de perros -”«han muerto cinco» canes-” y a otras personas por infracciones a la Ley de Caza. «Les propuse anularles la sanción y no hay sanción por denunciar el envenenamiento de perros, que yo, si fueran míos, lo haría, sino por no comunicarlo a la sociedad, que tomaría medidas para que no se produjeran más envenenamientos». Las sanciones por violar la ley de caza fueron sólo «de régimen interno».

«Presidir el coto, una sociedad deportiva sin ánimo de lucro, no es incompatible con el cargo de juez. Lo es si se trata de una sociedad mercantil». Villar desvela que es tesorero de una agrupación forestal de chopos, en la que no tiene propiedades «ni he firmado un documento que acredite que pertenezco a la sociedad» y es representante legal de la agrupación de plantadores de pinos de Bécares, que ha recibido importantes subvenciones, gestionadas a través de la Asociación Forestal de León (Asfole) para pagar los trabajos de plantación y mantenimiento de los árboles. «Las ayudas vienen a mi nombre, pero aquí están las facturas de la empresa que mantiene la plantación -”no sólo muestra los documentos, sino que permite leerlos-”, cuyos trabajo superviso con el ingeniero de la Junta». Con respecto a las ayudas de la PAC que recibe esta agrupación «se reparten según el coeficiente de plantación de cada finca y lo calcula Asfole o la empresa. Estos son los dineros públicos que dicen que manejo de forma irregular». En cuanto el pago a quienes cedieron fincas para crear el coto, villar afirmó que se les gratificó «por haber cedido terreno de manera gratuita, pero se dejó claro se les pagaría hasta adquirir un solar para edificar una sede social para el pueblo», que ya está avanzado.

Villar declinó abordar el hecho de que el caso del Juzgado de Paz haya llegado al TSJCyL. «Estamos en un proceso gubernativo y, por tanto, es conveniente que no me pronuncie mientras la Sala de Gobierno no tome un decisión», señaló. Sí mostró la sede actual de la institución.