El TSJ insta al juez de paz a que señale si tiene impedimentos para ejercer

El alcalde de Alija del Infantado, Luis Panero, y el juez de paz del municipio, Victoriano Villar, recibieron ayer el acuerdo de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJ), en su reunión del 31 de enero, en la que se abordó la problemática surgida a raíz del cambio de sede del Juzgado de Paz a finales de noviembre. Además de requerir una sede en condiciones para la tarea que se encomienda al jugado del municipio, el acuerdo remitido, del que da fe el secretario de gobierno del TSJ, incluye otros aspectos hasta ahora desconocidos, relativos a las incompatibilidades en las que, según el alcalde de Alija, Luis Panero, pudiera incurrir el juez de paz para el ejercicio de su cargo, así como los plazos para cumplir con lo establecido por la Sala de Gobierno.

En concreto, el alcalde de Alija, remitió el 23 de enero un escrito al TSJ en el que indicaba al TSJ «la posibilidad de que pudiera estar incurso en causa de incompatibilidad», según la normativa aplicable. En virtud de lo que apunta Panero en el escrito, se insta al titular del Juzgado de Paz alixano a «que informe a este Tribunal Superior, en el plazo de ocho días, sobre si en la actualidad figura como afiliado a algún partido político o como candidato en alguna lista electoral, o de cualquier otra circunstancia que pudiera ser determinante de incompatibilidad con la función» que desempeña.

La recogida de firmas. Victoriano Villar manifestó ayer la inexistencia de las incompatibilidades que señalaba el escrito del alcalde de Alija del Infantado al Tribunal Superior de Justicia y anunció que ejercerá acciones judiciales contra quienes promovieron una recogida de firmas semanas atrás en las que se exigía su renuncia al cargo de juez de paz, en un escrito «en el que se me tachaba de ser un personaje conflictivo y se asegura que presido una sociedad forestal, cuando, en realidad, sólo represento a un grupo de vecinos que en su día nos unimos para juntar 48 hectáreas de terreno en los que plantar. Se me acusó, considero que gravemente, de cosas que no son ciertas y no voy a quedar ante el pueblo como quien no soy. En caso contrario y si son capaces de demostrarlo ante la justicia, que me apliquen la ley», añadió el juez de paz.