La concentración del Páramo adjudicó «parcelas de imposible explotación»
Las demandas señalan la equiparación de tierras de primera a otras casi inundadas
La guerra de las parcelas tuvo su último episodio en el campo el jueves.
La concentración parcelaria en la demarcación 8 del Páramo Bajo (Páramo Medio) llegó al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León, tras desestimar el Itacyl las demandas de muchos de los propietarios de la zona que estimaban que se habían producido irregularidades en el proceso de selección, calificación y adjudicación de las nuevas parcelas.
Según explicó el abogado de varios propietarios afectados, Carlos González Antón, el acuerdo de concentración parcelaria del Páramo Bajo, demarcación 8, se encuentra recurrido ante el TSJ de Castilla y León, en su sede de Valladolid, concretamente en los procedimientos 2012/2010 y 2099/2010, habiéndose interpuesto ambos recursos en diciembre de 2010.
En este sentido, el letrado declaró que los recursos se interpusieron ante el silencio por parte de la Junta de Castilla y León ente los recursos de Alzada presentados en el mes de febrero de 2010, que debían haber sido resueltos, conforme a la Ley, en el plazo de tres meses. Así pues, señala, «ante el silencio desestimatorio de los mismos, en los que se ponía en evidencia los defectos del procedimiento de concentración parcelaria, así como la ruinosa situación en que el mismo había dejado a muchos propietarios de la zona, y tras haberse reunido en repetidas ocasiones con responsables del Itacyl, entidad pública que se encarga de la concentración, se decidió acudir a la vía judicial».
El abogado afirmó que la concentración parcelaria en la demarcación 8 del Páramo Bajo es contraria a la Ley 14/1990 que la regula. Entre las supuestas ilegalidades que manifiesta haberse producido están el emplazamiento de las nuevas fincas tan alejadas de las casas de labor o de fincas más importantes que impiden su explotación, la inclusión de masas forestales de pinos entre las fincas que se han adjudicado a los nuevos propietarios cuando deberían haber sido excluidas del proceso y cuya explotación se hace, por tanto, imposible, así como la equiparación de suelos de primera categoría con otros de zonas prácticamente inundadas.
Finalmente, González Antón, aseguró que la concentración se encuentra actualmente en fase de ocupación provisional de las parcelas, «pues fue desestimada la solicitud de suspensión por esta parte, por lo que es prácticamente a todos los efectos efectiva a pesar de los reiterados intentos de suspensión, sobre la que deberá pronunciarse el TSJ. El hecho de no haber concluido las obras y las ilegalidades, deberían ser suficientes para que la Junta suspendiese la ocupación provisional».