La CE se persona contra la reclamación de la revisión del cierre de las minas en el 2018
Almunia se ratifica en los informes en los que se basó el reglamento recurrido por las autonomías
Instalaciones del pozo Calderón, una de las minas más emblemáticas de Villablino, ya cerrada.
De poco han valido las visitas de representantes de partidos y organizaciones en las últimas semanas a Bruselas, reclamando un marco de apoyo al carbón que evite la desaparición a la que el nuevo reglamento europeo ha abocado a las minas locales. Las fotos con el vicepresidente de la Comisión Europea Joaquín Almunia no se han traducido en hechos que puedan traer un poco de alivio al sector. Más bien al contrario. La Comisión Europea ha enviado al Tribunal General de la UE una demanda de intervención contra la demanda que Castilla y León, Asturias y Aragón han presentado para modificar los términos más perjudiciales del nuevo reglamento europeo, aprobado en diciembre. La Comisión Europea se persona en apoyo a la decisión del Consejo de Europa, que fija para el 2018 el cierre de las minas que estén recibiendo ahora ayudas, aunque para esa fecha hayan conseguido ser rentables. Una sentencia de muerte para todo el sector minero nacional en estos momentos.
Esta decisión supone que la Comisión Europea se ratifica en los informes técnicos sobre los que se basó el reglamento de ayudas a las minas de carbón deficitarias que entró en vigor el 1 de enero. Unos informes que elaboró y defendió directamente Joaquín Almunia, cuyo departamento es ahora el afectado por la demanda ya que en su día fue el que elevó la propuesta. El Consejo de Europa basó el diseño del nuevo reglamento en estos informes (que en un principio planteaban el desmantelamiento del sector en el 2014), pero no aceptó las propuestas surgidas del debate en el Parlamento Europeo, que rebajaban las exigencias y permitían la supervivencia de las minas que para la fecha de final del periodo de ayudas (se consigió elevarlo hasta el 2018) hubiesen alcanzado la rentabilidad.
Ante la situación a la que el nuevo reglamento europeo condena a la minería local, las autonomías de Castilla y León, Asturias y Aragón han presentado una demanda ante el alto tribunal europeo, por la que solicitan que se anulen algunas de las disposiciones de esta norma. Las comunidades afectadas no han reclamado el rechazo al reglamento en su totalidad porque la dilatación del procedimiento judicial dejaría en este momento sin marco legal el sistema de ayudas, lo que provocaría más perjuicios a un sector que ha vivido los últimos meses en permanente sobresalto.
La demanda de las tres comunidades españolas con explotaciones de carbón (no son todas las afectadas, aunque en este caso el signo político de los gobiernos no ha sido obstáculo para alcanzar un acuerdo de actuación común entre las tres) pasa por anular la decisión de cerrar en el 2018 las minas de carbón que hayan recibido ayudas públicas desde el pasado 1 de enero, aunque para entonces sus balances ya no sean deficitiarios y pudieran mantener su actividad sin apoyo público. El reglamento establece que o cierran las minas o devuelven las ayudas percibidas.
La demanda reclama también que el mecanismo de reducción de estas ayudas sea más suave que el fijado actualmente. El reglamento establece que las ayudas se reducirán en todos los países con minería subvencionada en un 25% en el 2013, 40% en el 2015, un 60% en el 2016 y finalmente un 75% en el 2017, antes de desaparecer definitivamente. Los gobiernos autonómicos que han presentado la demanda ante el alto tribunal europeo consideran que esta es la única posibilidad de lograr una revisión del reglamento, y establecer un horizonte de futuro en el que las empresas mineras puedan tener una esperanza de supervivencia.
Desde la Junta de Castilla y León se ha criticado también en las últimas semanas la falta de propuestas concretas en el apoyo que desde el Gobierno se ha manifestado al carbón. Se hizo por ejemplo en la reciente constitución de la Conferencia Sectorial de la Energía, que prevé una estabilización del consumo de carbón a partir del 2015, pero sin fijar medidas concretas. Tampoco el secretario de Estado de Energía, Fabricio Hernández, concretó esta semana cómo piensa el Gobierno apoyar al sector en una reunión con los representantes de las comarcas mineras en la que comprometió este respaldo.