Una sentencia declara nulos los despidos de los trabajadores de Ipelsa
Condena a la Diputación a asumir las obligaciones laborales de esta sociedad disuelta
Un nuevo revés para la presidenta de la Diputación y su política de personal. Pocos días después de conocerse que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ratificó la nulidad de los despidos de cinco de los nueve agentes de desarrollo que perdieron sus puestos de trabajo, otro fallo judicial deja sin validez el despido colectivo de los seis trabajadores de la desaparecida Ipelsa.
Se trata de los cuatro empleados de la sede de León capital del Instituto de Promoción Económica de León, SA y los dos que prestaban su servicio en la oficina de Vega de Espinareda. Fueron despedidos en julio de 2009, meses después de que el consejo de administración de la sociedad -dependiente de la institución provincial- decidiera su disolución. Contó con el apoyo de todos los grupos políticos de la Diputación, aunque posteriormente, en la junta general los diputados socialistas dividieron su voto entre el sí y el no a la desaparición de Ipelsa.
A pesar de que existía un acuerdo tácito que contemplaba la recolocación de estos trabajadores en una serie de plazas de los servicios provinciales, finalmente la presidenta decidió su despido aludiendo a la necesidad de ahorro y reconociendo la falta de eficacia de esta sociedad.
El fallo del juzgado Contencioso/Administrativo Número 2 de León estima el recurso presentado por estos trabajadores contra la resolución de la Delegación Territorial de la Junta (de 22 de junio de 2009) que aceptó a su vez el recurso de alzada de Ipelsa respecto a la resolución de 16 de febrero dictada en el ERE. De esta forma, la sentencia anula la primera resolución, manteniendo la validez de la «denegación de la autorización del despido colectivo».
La institución, nueva empresaria. Condena así a la Diputación «a asumir los derechos y obligaciones laborales y de Seguridad Social que correspondiesen a Ipelsa». El juez incide en el documento en que la resolución de la Oficina Territorial de Trabajo «recupera plenamente su validez», cuando concluyó que denegaba la autorización para la extinción de estos contratos de trabajo, ya que consideró que no había causa legal. Ante esta resolución, el fallo concluye en la imposibilidad de autorizar el despido colectivo y de que se extingan por sí mismas las relaciones laborales, por lo que el nuevo empresario (la Diputación) queda subrogado en los derechos y obligaciones laborales de esta media docena de trabajadores.
La Junta de Gobierno de la institución provincial dará cuenta de esta sentencia en su reunión de hoy. Al fallo le acompañará el informe del abogado que defendió a esta administración en este caso y su propuesta de si debe o no ser recurrido. Cabe recurso de apelación que será resuelto en su caso por el TSJ de Castilla y León.