«Una empresa me ofreció 350 euros por hectárea, pero el suelo es para los vecinos»

La tierra común, más de 1.500 hectáreas de monte, regadío y secano, han roto la tranquilidad de los vecinos de Villamarco. El pedáneo, Valentín Fernández Soto, no entiende la polvareda que se ha desatado por el reparto de las tierras, ya que insiste en que se adjudicaron a todos los solicitantes. «Hubo 23 peticiones, y se dividió en 24 quiñones, uno más siempre por si hay altas y bajas». En su opinión, algunos querían beneficiarse de un negocio «ilegal -”dice-”, como es que un jubilado, que no puede trabajar las tierras, obtenga varios lotes y los realquile a un precio superior a algún agricultor que necesita justificar ante la PAC determinadas cantidades de hectáreas para cobrar las subvenciones».

El negocio. «Yo les expliqué que eso era ilegal, tanto realquilar los quiñones como trabajar las tierras si eran jubilados, pero sé que son prácticas que se han hecho». Por eso considera que algunos de los que no recibieron tierras de bienes comunales en el último reparto hayan llevado su enfado hasta los tribunales. También puntualiza que una empresa le ofreció «350 euros por hectárea, un valor muy superior al que pagan los agricultores, pero no lo hice porque el suelo de Villamarco es para los vecinos, es un principio que siempre ha regido nuestra actuación al frente de la junta vecinal».

Sin embargo, de las sentencias se desprende que el reparto no fue parcial y que la ordenanza para regular ese reparto es nula. La letrada de los siete denunciantes, Mariola Díaz-Guerra, recuerda que se «establecía una serie de requisitos, que provocaba un trato desigual y discriminatorio entre el vecindario, así como evidentes agravios comparativos».