villamarco
Los excluidos del reparto de tierras comunales exigirán daños y perjuicios
Estudiarán el lucro cesante, ya que el suelo generó un millón de ayudas de la PAC
Tras ganar la primera batalla judicial contra la ordenanza del 2008 que regulaba los aprovechamientos de bienes comunales de Villamarco, los siete vecinos que denunciaron el reparto de tierras por considerarlo arbitrario han decidido dar un paso más y volverán a los tribunales para reclamar daños y perjuicios.
El impulso se lo dio el pasado mes de marzo el Tribunal Supremo, al hacerse eco de sus quejas y ratificar «la nulidad radical» de la ordenanza, cuya ilegalidad ya había dictaminado también el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) un año antes, en junio del 2010. El TSJ entiende que el documento incluye una serie de requisitos, como el empadronamiento durante tres años o la obligatoriedad de disponer de maquinaria agrícola, que limitaban la posibilidad de algunos vecinos de beneficiarse de los aprovechamientos de las tierras.
En la sentencia, los jueces reflejan, además, que este tipo de ordenanzas no pueden establecer condiciones de vinculación, arraigo o permanencia y que sólo pueden ser refrendadas por la entidad local, no por el Gobierno autonómico, como sí ocurre cuando los aprovechamientos son forestales.
Los terrenos en litigio abarcan 900 hectáreas que la junta vecinal de Villamarco dividió en 24 quiñones, uno más que el número de aspirantes, según indica el pedáneo, Valentín Fernández Soto (UPL). Ese suelo permitió acceder a más de un millón de euros en subvenciones de la PAC. Por eso las siete personas que se sintieron perjudicadas y que han logrado impugnar la ordenanza que regulaba la división, encargarán un informe a un perito agrónomo para que valore el lucro cesante por las adjudicaciones declaradas ilegales.
La letrada encargada del caso, Mariola Díaz-Guerra, asegura que presentarán «una demanda civil para intentar restituir los aprovechamientos que han dejado de percibir durante este tiempo por un reparto injusto de las tierras comunales». Respecto a las consecuencias que genera la sentencia del TS, no exigirá inmediatamente un nuevo reparto, ya que las tierras están aradas «y los frutos corresponden a quienes los siembran».
El presidente en funciones de la junta vecinal niega que se realizaran unos quiñones injustos, pero entiende que reclamen ante los jueces «todos aquellos que hayan sentido lesionados sus derechos, y si hay que indemnizar, se hará». Fernández Soto considera que es necesario «rehacer» la ordenanza, que sustituirá a la de 1991, «aunque la toma de decisiones y la búsqueda de soluciones deberá asumirla la nueva junta vecinal», indica.