Acom constituye hoy una comisión para mantener la minería más allá del 2018
La Asociación de las Comarcas Mineras (Acom) ha convocado hoy en Oviedo no sólo a los alcaldes de las cuencas afectadas por la reconversión del carbón, sino también a las consejerías de Economía y direcciones generales de Energía y Minas de Castilla y León, Asturias y Aragón; así como a los sindicatos y la patronal minera, Carbunión. El objetivo es crear una comisión conjunta de apoyo a la minería del carbón, y desarrollar una planificación que tiene como objetivo preservar la actividad en las minas más allá del 2018, la fecha que el reglamento europeo ha fijado como final para que las explotaciones deficitarias sigan percibiendo ayudas públicas.
La reunión convocada por Acom tiene previsto en primer lugar hacer un análisis de la situación del sector, desde los incumplimientos que se registran en el Plan del Carbón 2006-2012, que concluye el año que viene pero tiene muy retrasadas algunas de sus propuestas; hasta las exigencias de empresas y sindicatos planteadas en la Mesa del Carbón esta misma semana para fijar las condiciones del real decreto de garantía de suministro para el próximo año y asegurar el cobro de las ayudas al funcionamiento por parte de las empresas. El sector minero no quiere que el cambio de gobierno tras las elecciones entorpezca la aplicación de unas normas que considera vitales para mantener la actividad.
La reunión de los municipios mineros conocerá también la propuesta de algunos alcaldes asturianos, que han reclamado aplicar un modelo similar al del Plan E (por el que el Gobierno licitó obras para paliar la crisis) que deje en manos municipales la gestión de los fondos, ya que lo consideran más eficaz.
Contra el reglamento. Sin embargo, el principal objetivo de este encuentro es la constitución de la comisión conjunta en la que participan todas las partes implicadas en la minería. Una comisión cuyo objetivo último es plantear una serie de medidas que modifiquen el reglamento que entró en vigor a principios de este año, y por el cual la Comisión Europea ha fijado una drástica reducción en las ayudas públicas a partir del 2013 (aunque el Gobierno ha anunciado recortes ya para el año que viene).
El reglamento europeo establece que aquellas explotaciones que desde el pasado 1 de enero reciban ayudas tendrán que cerrar como más tarde a finales del 2018, y sólo podrán sobrevivir aquellas minas que sean viables. Eso sí, si han percibido ayudas públicas tendrán que devolverlas para mantenerse abiertas. Una condición que de hecho se ha interpretado en el sector como una sentencia de muerte para la minería del carbón.
Acom se suma así a la movilización que contra este decreto protagonizan también los participantes en la Comisión de Seguimiento del Plan del Carbón; así como administraciones como la Junta de Castilla y León, que tiene recurrido judicialmente este aspecto del reglamento europeo.