Solicitan 23 meses de prisión por la muerte de un trabajador en accidente

Dos directivos de una empresa de la Montaña Central deberán hacer frente a una pena de 23 meses de prisión si la titular del juzgado de lo Penal número 2 de los de León atiende a las peticiones del Ministerio Fiscal, que considera que son responsables de un presunto delito contra los derechos de los trabajadores y de otro de homicidio imprudente, por el que además se les reclaman indemnizaciones por valor de alrededor de 238.000 euros.

De acuerdo al escrito de calificaciones provisionales, el 21 de julio del 2006 un trabajador se encontraba realizando tareas propias de su profesión sobre el tejado de una obra cuando por motivos que se desconocen, una de las placas translúcidas del techo sed vino abajo. El empleado cayó desde nueve metros de altura y perdió la vida en el acto. Hubo otro trabajador herido.

El Ministerio Público considera que el encargo de la realización de la obra había corrido a cargo de la empresa para la que trabajaban los dos procesados y que no se habían adoptado las medidas de protección pertinentes ni a título individual ni en lo colectivo. El trabajador tampoco había sido formado en materia de protección ni se habían establecido planes de seguridad en la empresa.

Por todo ello, para el Ministerio Público procede imponer sendas penas de un año y dos meses de prisión por el homicidio imprudente y nueve meses más por el relativo a los derechos de los trabajadores, además de una multa de nueve meses a razón de diez euros diarios. También se establece una indemnización de 106.000 euros para la viuda y de 44.000 para cada uno de los tres hijos del fallecido. La acusación particular, que encarna la defensa de los intereses de la familia, se adhiere a las peticiones del Fiscal. Las defensas, sin embargo, son contrarias a la calificación y subrayan que había elementos de seguridad suficientes en la obra pero que el fallecido declinó la posibilidad de utilizarlos. Además recuerda que aparecieron restos de alcohol en sangre en la autopsia del cadáver y en uno de los casos, se manifiesta que la víspera de su fallecimiento, había sido denunciado por la Guardia Civil por estacionar indebidamente en un tramo de la N-601 alegando que había sufrido un desvanecimiento.

El juicio se celebrará el próximo día 8 de noviembre, a partir de las 10.00 horas.