Martínez Majo: «Sólo pretendemos recuperar el dinero, no matar a nadie»

«Una vez dictada una sentencia, si queda demostrada la apropiación indebida, tomaremos las medidas oportunas contra las dos trabajadoras, por un lado las laborales y, en su caso, las penales», manifestó Juan Martínez Majo.

El alcalde admitió que se trata de un tema «delicado y desagradable» para las personas que trabajan en el Ayuntamiento. Por eso insistió en que hay que ser responsables y prudentes con la investigación abierta, ya que «imaginemos que una de las dos o las dos salen absueltas, el daño que les podemos ocasionar puede ser irreparable», comenta el regidor, que añade que lo que «el objetivo es recuperar el dinero y después que haya unas sanciones pero no queremos matar nadie».

Martínez Majo recordó que las dos empleadas están en sus puestos de trabajo, aunque una de ellas se encuentra en estos momentos de vacaciones, y que así seguirán hasta que haya una sentencia firme que determine su grado de responsabilidad en la apropiación del dinero público.

Se estima que el presunto alcance de fondos por parte de las trabajadoras se remonta desde el 2005 hasta el 2009 cuando los concejales de Hacienda y del Servicio de Aguas detectaron irregularidades en el cobro de las altas de agua. Después de realizar un informe interno, el Ayuntamiento se puso en manos del TC en noviembre del 2010.