La nueva regulación del sector lácteo no será efectiva hasta septiembre
El reglamento europeo refuerza el papel de los productores que podrán unirse para negociar precios .
La nueva normativa no se aplicará a las cooperativas.
La eurodiputada del PP Esther Herranz se congratuló ayer del acuerdo político alcanzado por el Parlamento Europeo y el Consejo de Ministros de la Unión Europea para mejorar las relaciones contractuales entre los ganaderos y la industria lechera ya que «debería reforzar el poder de negociación de los productores primarios dentro de la cadena alimentaria».
El Real Decreto aprobado el pasado año para el establecimiento de contratos obligatorios en España se encuentra pendiente de aplicación, en espera de adopción del reglamento comunitario, cuya entrada en vigor está, en principio, prevista para el mes de marzo, si no hay retrasos, aunque su puesta en marcha efectiva tendrá lugar seis meses después, es decir, no antes de septiembre de 2012, según señala en un comunicado el PP.
El nuevo reglamento sobre las relaciones contractuales en el sector lechero tendrá que ser previamente aprobado formalmente por el Parlamento Europeo y el Consejo de Ministros de la UE, lo que tendrá lugar, probablemente, el próximo mes de febrero. El acuerdo político refuerza el papel de las organizaciones de productores, pues tendrán la posibilidad de negociar en nombre de sus socios las condiciones de las transacciones, como el precio, la duración y el calendario de recogida, «lo que debería contribuir a reducir la atomización del sector, cuyo poder de negociación se encuentra debilitado dentro de la cadena alimentaria», indicó la eurodiputada.
Esa nueva normativa, que estará vigente hasta el 2020, no se aplicará, según el PP, a las entidades cooperativas, por disponer ya de medidas equivalentes. «Aunque la introducción de contratos obligatorios en nuestro país podría no ser la solución a todos los problemas del mercado, debería servir para mejorar la situación de los precios que reciben los ganaderos, que son de los más bajos de la Unión Europea», añadió Herranz. La eurodiputada se lamentó, no obstante, de la ausencia de directrices homogéneas para las autoridades de la competencia de los distintos Estados miembros, que seguirán teniendo cierta capacidad para impedir determinadas transacciones aun cuando estas cumplan los criterios generales establecidos en el reglamento comunitario.