Majo consentía que el dinero del agua quedase a mano de cualquier empleado

El alcalde de Valencia de Don Juan, Juan Martínez Majo, consentía que el dinero recaudado por las altas en el servicio de agua quedase al alcance de cualquier empleado municipal, según se desprende del acta de liquidación provisional que, sobre la falta de 25.336 euros, levantó el Tribunal de Cuentas.

Según las declaraciones de la empleada municipal encargada de las altas, en ocasiones, cuando la recaudadora se encontraba fuera del Ayuntamiento, era ella la que se hacía cargo del dinero y, por indicaciones recibidas en el propio Ayuntamiento, depositaba posteriormente en un cajón del despacho de la funcionaria en un sobre. Sin embargo, el cajón no se cerraba con llave y el dinero quedaba al alcance de cualquier persona que se encontrase en las dependencias municipales. En su declaración, la empleada municipal reconoce que esta forma de cobro resultaba excepcional.

El caso, que saltó a la luz este otoño, se remonta al año 2005 y la sustracción de dinero se realza hasta el 2009, cuando se detectó en el Ayuntamiento el ilícito contable.

El acta del Tribunal de Cuentas recoge las cantidades que, según parece, se sustrajeron cada año de las altas en el servicio de aguas. Así, en el 2005 fueron 146, cantidad que asciende a 677 en el ejercicio siguiente: en el 2007 se alcanzaron los 14.339 euros, correspondientes a 89 altas y otras cuatro pendientes de valoración, y, en el 2008, la cantidad desciende hasta los 9.309 euros. En el 2009, cuando se descubrió la sustracción de cantidades, se sustrajeron 936 euros. En total, el agujero contable en el servicio de aguas ascendió a 25.336 euros, cantidad que se elevó a 28.169 euros en el momento en el que se levantó el acta.

El Tribunal de Cuentas entiende que se ha producido un ilícito contable de cuya responsabilidad debe hacerse cargo, como así ha sucedido, la justicia ordinaria.

El portavoz del grupo socialista en el Ayuntamiento, Jorge Mateos, criticó ayer que el equipo de gobierno informase de que el caso se descubrió en el 2010 «y no en el 2009, como ocurrió de hecho», dado que, en su opinión «se trató de ocultar» lo ocurrido. «No concuerda que en un informe digan que el concejal de Aguas no tenía conocimiento de que faltaba dinero y que, por otra parte, señalen que en cuanto hubo noticias del presunto robo tomaron las medidas pertinentes. Tratan de ganar ficticiamente un año».

Mateos exigió al regidor «que asuma la responsabilidad política por ser el presidente de la corporación municipal el último responsable de la caja».