El juez ordena paralizar de forma cautelar la explotación de Nueva Julia
Dos autos se acogen al fallo del Tribunal de Justicia de la UE sobre los cielos abiertos.
La explotación a cielo abierto de Nueva Julia, que ahora deberá ser paralizada por la Junta.
El titular del Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 1 de León ha dictado dos autos en los que acepta la solicitud de medida cautelar reclamada por los colectivos ecologistas Montaña de Babia y Luna y Filón Verde, que reclaman suspender la actividad en el cielo abierto Nueva Julia, que explota el grupo minero de Victorino Alonso.
Los colectivos recurrieron la licencia ambiental y urbanística que concedió en su día el Ayuntamiento de Cabrillanes a la Minero Siderúrgica de Ponferrada para la explotación y restauración de la corta, y reclamaron la aplicación de medidas cautelares; y ahora el tribunal exige a la Junta que paralice las explotaciones, «sin perjuicio de que se realicen las obras y se adopten las medidas de aseguramiento de la explotación y de los cursos de agua que puedan verse afectados, que deberán ser determinadas y controladas por el servicio correspondiente de la Administración autonómica».
Razonamientos. Los dos autos, según explica el abogado de EcoUrban Carlos González Antón, están «jurídicamente muy razonados y apoyados tanto en la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 24 de noviembre del 2011, como en los informes periciales de los recurrentes. Esta paralización del cielo abierto de Nueva Julia es el primer efecto práctico de la importante sentencia del máximo Tribunal Europeo, resolución que se tiene que aplicar al resto de la actividad minera en Laciana, declarada ilegal por ese órgano judicial».
El abogado señala que «sin la devolución a la legalidad de toda la actividad minera, no es posible hablar de futuro para el carbón en Laciana y Cabrillanes. Y para ello, como reconoció en el 2005 la propia Junta de Castilla y León, debe procederse a la completa restauración de los cielos abiertos, exigir a la empresa minera la financiación de las medidas compensatorias que apruebe la Comisión Europea y, por supuesto, la paralización de los procedimientos en curso.
Los dos autos confirman, según el abogado, «la inconsistencia jurídica de los argumentos de la Junta de Castilla y León y del Ayuntamiento de Cabrillanes, que han autorizado y dado licencias a un proyecto claramente ilegal yse han negado a paralizar una explotación a pesar de las peticiones reiteradas de los recurrentes.