boñar
La Junta y Trabajo obligan a anular el nuevo convenio del personal laboral
Ven ilegal que se haya pactado una subida salarial de hasta el 36% en tres años.
El Pleno se ha visto obligado a anular el convenio que había aprobado en diciembre del 2011.
La Junta de Castilla y León, la Delegación Territorial de Trabajo y la Subdelegación del Gobierno han obligado al Ayuntamiento a anular el convenio colectivo del personal laboral aprobado el pasado diciembre, ya que la masa salarial que contempla no es legal. La Consejería de Presidencia de la Junta de Castilla y León considera que la subida salarial pactada es «ilegal» y ha requerido al Ayuntamiento que anule el convenio. «La masa salarial individualizada para cada categoría profesional supone para los tres años de vigencia del convenio un máximo del 36,52% en el caso del peón ordinario, hasta un mínimo del 20,70% en que se incrementa la masa salarial asignada a los trabajadores incluidos en el grupo III», señala el informe jurídico incorporado al expediente, en el que se recuerda que no se pueden acordar incrementos retributivos que globalmente supongan un incremento de la masa salarial superior a los límites fijados anualmente en la Ley de Presupuestos Generales para el personal.
La Subdelegación del Gobierno señala la misma ilegalidad y solicita que se suprima la revisión salarial sin que se anule el resto del convenio. Por su parte, la Delegación Territorial de Trabajo piden que se subsanen tres asuntos incorporados al convenio, el primero de ellos referido a los incrementos salariales; el segúndo, relacionado con las excedencias de seis meses a cinco años que, según Trabajo, contradice el Estatuto de los Trabajadores, y la tercera cuestión referida a que «la conducta ejemplar de un trabajador se podrá premiar con preferencia a la hora de los ascensos de categoría», que contradice el Estatuto Básico de Empleo Público.
Tres de los partidos políticos con representación municipal, PSOE, PP y UPL, aprobaron ayer en pleno que se anule el convenio colectivo del personal laboral mientras que el concejal de IU, Aquilino Castro, solicitó que se anulase solo la parte ilegal del convenio y el resto permaneciese igual. «Solo la Consejería de Presidencia exige que se anule todo el convenio, petición que nos parece abusiva y un cierto ejercicio de prepotencia», señaló Castro para defender su propuesta, que no fue aceptada por el resto de los grupos.
Por su parte, el alcalde de Boñar, Roberto Álvarez, aseguró que es necesario volver a negociar un nuevo convenio, que deberá estar listo en seis meses. El portavoz del PP, Amable Pascual señaló la conveniencia de informarse a través de un asesor laboral y la UPL, a través de su portavoz, Alfredo Soto, exigió que que la redacción del nuevo «se acelere para estar firmado lo antes posible».